En un decreto publicado este martes, se incluye además la reducciones en viajes al exterior y en el pago de bonificaciones extraordinarias, como parte de un plan de reducción del gasto público de US$689 millones a US$862 millones.

Buenos Aires. El gobierno argentino congeló el salario de los empleados públicos hasta fin de 2019 con el objetivo de disminuir el déficit fiscal a través de un decreto firmado por el presidente del país, Mauricio Macri, que fue publicado este martes en el Boletín Oficial.

El decreto incluye además la reducciones en viajes al exterior y en el pago de bonificaciones extraordinarias, como así la suspensión total de la compra de vehículos para el Estado.

El gobierno pretende reducir de esta manera el gasto público del orden de los 20.000 millones a los 25.000 millones de pesos (US$689 millones a US$862 millones), según precisa la prensa local.

El decreto presidencial remarca que "la calidad en la gestión pública depende del cumplimiento del principio de economía, esto es, que el funcionamiento de la Administración Pública propenda a la utilización racional de los recursos públicos.

En su artículo 1, dispone que las jurisdicciones y entidades del Ejecutivo "no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento hasta el 31 de diciembre de 2019".

Quedan exceptuados de esa prohibición la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las universidades nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido el personal civil de esas fuerzas.

En su artículo 5, establece la prohibición de instrumentar "beneficios tales como bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero", también hasta el 31 de diciembre de 2019, y el artículo 6 ordena disminuir en un 30% los gastos de movilidad y viáticos del personal gubernamental.

El artículo 7 dispone que sólo podrán viajar al exterior en clase ejecutiva los funcionarios con rango de ministro mientras los secretarios de Estado podrán hacerlo en caso de viajes con un duración mínima de ocho horas.

Entre tanto, los artículos 9 y 10 se refieren a efectuar un "relevamiento de vehículos de uso oficial que se encuentren tanto a disposición del traslado de funcionarios como los destinados al uso operativo del área a la cual se encuentren asignados" y suspenden "los procesos de adquisición o alquiler con opción de compra de vehículos destinados a uso oficial".

La resolución presidencial invita además a los poderes Judicial y Legislativo, a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a "adoptar medidas similares".

Durante mayo y junio Argentina enfrentó una serie de desafíos económicos que provocaron una devaluación del peso, la moneda nacional, contexto en el cual el gobierno recurrió a un crédito "stand-by" del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$50.000 millones, para complementar el programa económico oficial.

Días atrás, el jefe del gabinete de ministros del país, Marcos Peña, estimó que la economía argentina crecerá un 1% en 2018, por debajo del 3% previsto inicialmente, como consecuencia de la sequía, que afectó a la producción agrícola, la subida del precio del petróleo y la volatilidad de los mercados internacionales.