Las "desafortunadas expresiones" del juez Thomas Griesa constituyen una "injerencia indebida de un juez de otro país respecto a la soberanía argentina", sostuvo el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich.
Buenos Aires. El gobierno argentino elevó este viernes el tono de sus críticas contra el juez estadounidense que falló a favor de los fondos que demandan el pago de la deuda en mora desde 2001, mientras busca aliados para defender el pago local a los bonistas en un clima de incertidumbre que ha acelerado la depreciación del peso.
Las "desafortunadas expresiones" del juez Thomas Griesa constituyen una "injerencia indebida de un juez de otro país respecto a la soberanía argentina" y merecen un "repudio de carácter colectivo por parte del Congreso", sostuvo el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich.
"Nosotros esperamos, obviamente, que de un modo absolutamente consensual entre todos los actores políticos y los miembros del Congreso se expresen respecto a esta desafortunada, incorrecta y hasta imperial expresión del juez Griesa", subrayó.
El funcionario respondía así a las declaraciones del juez, que este jueves calificó de "inválido e ilegal" el proyecto del Ejecutivo de Cristina Fernández de llevar al Congreso una iniciativa para permitir el pago de la deuda externa en Argentina y no en Estados Unidos.
En sintonía con el argumento que ha venido repitiendo el equipo de Cristina Fernández, el jefe de ministros insistió en que el Congreso argentino "tiene las atribuciones para el arreglo de la deuda interior y exterior".
Para el Ministerio de Economía, que comanda Axel Kicillof, el juez neoyorquino pretende "imponer condiciones al Congreso" y considera que se trata de "un nuevo exceso de jurisdicción y desconocimiento de la soberanía".
Griesa mantiene bloqueados los fondos que Argentina depositó en un banco estadounidense para cumplir con sus obligaciones de pago con los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, que implicaron importantes quitas sobre los montos originales y ayudaron a solucionar en parte el millonario cese de pagos (unos US$120.000 millones) declarado por el país en 2001.
En virtud del fallo de Griesa, ratificado por la Corte Suprema de EE.UU., Argentina debe desembolsar US$1.300 millones, más intereses, a los demandantes antes de pagar a los acreedores que se sumaron a la reestructuración.
El proyecto para el cobro en Argentina que impulsa el Ejecutivo de Fernández pretende esquivar el bloqueo del magistrado y cumplir con los tenedores de bonos canjeados antes del próximo vencimiento de deuda, el próximo 30 de septiembre.
Pese a los insistentes llamados del Gobierno a la unidad de las fuerzas políticas en un contexto de incertidumbre económica, la oposición ha adelantado su voto en contra en el debate en Parlamento, donde el oficialismo cuenta con mayoría parlamentaria.
La tormenta política ha salpicado también al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Ricardo Lorenzetti, que rehusó opinar sobre la sentencia de Griesa, pero admitió que "las sentencias se tienen que cumplir".
"Nosotros no podemos opinar sobre un juez extranjero ni sobre un fallo porque nosotros sostenemos que las sentencias se tienen que cumplir, en la Argentina y en todo lados", afirmó en una entrevista con un canal de televisión, en la que subrayó también la necesidad de "respetar la autonomía y la independencia del Parlamento".
La estrategia gubernamental no ha rebajado el escepticismo entre los analistas ni ha aliviado las tensiones que sacuden a los mercados, donde el peso ha acelerado su depreciación frente al dólar.
Tras una semana de vaivenes, la moneda argentina se ha depreciado en más de un 1,3% en los últimos días, hasta alcanzar hoy los 8,45 pesos por dólar en el mercado oficial y a rozar los 14 en el mercado paralelo.
