El ejecutivo prohibió en los últimos días un alza en las gasolinas y en la televisión por cable y hasta amenazó con multas millonarias a consultoras que disienten con los datos oficiales sobre la inflación.

Buenos Aires. Argentina se embarcó en una campaña frenética para combatir la alta inflación que incluye amenazas a empresas y economistas, mientras el aumento de los precios pone en jaque al crecimiento económico en un año electoral.

El gobierno prohibió en los últimos días un alza en las gasolinas y en la televisión por cable y hasta amenazó con multas millonarias a consultoras que disienten con los datos oficiales sobre la inflación, en una jugada que analistas consideran que no ataca la raíz del problema.

La inflación minorista en la tercera economía latinoamericana alcanzó el año pasado un 10,9% según estadísticas oficiales desacreditadas por la oposición, organismos internacionales y economistas, que estimaron que superó el 25%.

La presidenta Cristina Fernández, quien niega la existencia de una escalada inflacionaria, suele culpar a las empresas por el alza de los productos básicos.

"Se debería terminar con la costumbre (...) de querer mantener o apropiarse de rentabilidad vía precios y no vía aumento de la oferta, vía aumento de la inversión", dijo la mandataria en un discurso reciente.

Analistas apuntan a un elevado gasto público, un auge del consumo y la falta de inversión privada como los factores que alientan la inflación.

El gobierno se ha negado a tomar medidas de ajuste para enfriar la economía, que el año pasado creció alrededor de un 9% según estimaciones oficiales, porque considera que generarán desempleo y mas pobreza.

Argentina celebrará en octubre elecciones generales en las que Fernández podría buscar su reelección, en medio del mal humor de la población por la escalada de los precios.

Medidas.

La semana pasada, las autoridades ordenaron a la filial local de Royal Dutch Shell y al grupo industrial Techint dar marcha atrás con recientes subidas de precios, y están buscando anular un aumento en las tarifas del operador argentino de cable Cablevisión, que pertenece a un grupo de medios enemistado con el Gobierno.

En otro frente, el gobierno instó a algunas consultoras a explicar las metodologías que usan para medir la inflación, bajo amenazas de multarlas si no cumplen con el requerimiento.

"Son medidas aisladas que no van a corregir un fenómeno que tiene una profunda raíz macroeconómica y crean mucha incertidumbre, crean más confusión", dijo Jorge Todesca, economista de la consultora Finsoport.

Según medios locales, el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, también contactó a empresas del sector químico y petroquímico para reclamarles que mantengan los acuerdos de precios firmados el año pasado.

Tras el embate oficial, Shell hizo una presentación judicial, mientras que Techint decidió no facturar y mantener congelados los precios temporalmente.

En el caso de las consultoras, algunas decidieron presentar los documentos solicitados, mientras que otras reclamaron al Gobierno que explique los argumentos del pedido. Según medios locales, las autoridades aplicarán sanciones a las firmas desobedientes en los próximos días.

Si bien esta metodología ha sido una constante en el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández y de su antecesor y esposo, Néstor Kirchner, se aceleró en los últimos meses al ritmo del crecimiento de la inflación.

"Estas son las técnicas del gobierno, pactar con los sindicatos para que no haya aumentos salvajes de salarios, como paso en otras épocas, y también pactar o presionar a los formadores de precios para que los precios no se vayan a las nubes", explicó el analista político Roberto Bacman.

Pero pese a las últimas medidas, las autoridades aseguran que el Gobierno no está preocupado por los precios. El ministro de Economía Amado Boudou asegura que no hay inflación sino "dispersión de precios" y aconsejó a los consumidores recorrer comercios para conseguir los valores más convenientes.

Los precios comenzaron a dispararse en el 2007 en Argentina, y el Gobierno decidió intervenir el organismo estatal que elabora las estadísticas. Según la oposición, analistas privados y empleados del ente, Indec, manipula los indicadores, especialmente el de inflación, para mostrar números más favorables.

En un intento por restaurar la credibilidad del Indec, el Gobierno sorprendió el año pasado al acordar con el Fondo Monetario Internacional, con el que mantenía una abierto enfrentamiento, que una misión técnica del organismo visite el país sudamericano para mejorar la calidad de las estadísticas.