Lo anunció el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien detalló que se pidió "una medida cautelar".

El gobierno solicitó una medida cautelar para que la Justicia argentina "actúe rápidamente" y suspenda el acuerdo que celebró el Citibank con los fondos buitre, en tanto presentó también una demanda contra el banco para que se declare ilegal el pacto con estos tenedores que quedaron afuera de los canjes y pretenden cobrar el 100% de los valores de los títulos comprados a una milésima parte.

"Le estamos pidiendo que la Justicia declare ilegal en Argentina el pacto de Citibank y que se declaren nulos todos los actos jurídicos del Citibank en Argentina, tomados en función del pacto con los buitres", señaló el ministro de Economía, Axel Kicillof, en conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda.

Precisó que el pedido a la Justicia es para que "declare nulo el pacto y todo acto jurídico que devenga del mismo", y advirtió que si no fuera inmediato podría "afectar a los clientes de Citibank en Argentina".

"La Justicia otorgó muchas medidas cautelares contra este gobierno. Sería bueno que esa vez rápidamente otorgue una cautelar a favor no del Gobierno, sino de los clientes del Citibank, y en defensa del país y del sistema legal argentino", subrayó el ministro.

Asimismo, denunció que los fondos buitre llevan adelante "un proceso extorsivo" que afecta a los acreedores de la Argentina, y que ahora también lo hace con el Citibank,

Kicillof señaló que a partir del reclamo de los fondos buitre y las decisiones del juez neoyorquino Thomas Griesa, "hay un proceso extorsivo que no afecta a la Argentina, porque no está en default, pero sí a los acreedores de la Argentina y ahora también a instituciones como el Citibank".

Para el ministro, "el Citibank cedió a la extorsión, firmó un pacto con el diablo, el 20 de marzo, con los fondos buitre, para abandonar su negocio en Argentina".

"Aceptó la extorsión de los buitres, en complicidad con Griesa. Le llevaron el pacto a Griesa, y él como todo lo que le lleven los buitres, el juez cerró los ojos y firmó", sostuvo Kicillof.

Sin embargo, el jefe del Palacio de Hacienda subrayó que "el Ciiibank opera en la Argentina, bajo leyes argentinas, y debe someterse a instituciones nacionales, como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Justicia".

Recordó que "en 2001, cuando la gente pedía que devuelvan el dinero atrapado en el corralito financiero, el Citibank respondió que se sometía a la ley argentina, entonces no había dólares para nadie", y puso de relieve que "ahora hace exactamente lo inverso, no acepta la legislación nacional".

Con todo, remarcó que "la orden de Griesa de impedir los pagos no sirve en Argentina", y alertó con el pacto: "el Citibank aceptó pasarle a los buitres toda la información sobre las cuentas y movimientos de sus clientes".

Explicó que "por eso la CNV suspendió las operaciones del banco en el mercado de capitales, y luego el Banco Central retiró la licencia a su representante legal (Gabriel Ribisich)".

"Ahora viene la demanda, porque esto tiene algo de deshonesto",afirmó Kicillof, quien sostuvo que "los clientes pueden actuar contra el Citi, nosotros no lo incentivamos ni lo desalentamos".

Indicó que "el Citibank puede irse del país, decir que es una decisión autónoma y echarle la culpa a Argentina", pero aseguró que "en los hechos lo cierto es que van, se juntan con los buitres y hacen ese acuerdo en el que uno de los puntos es que dejen el negocio, es cuasi mafioso".

Por otra parte, se refirió a la cuestión del desacato y dijo que "Argentina no perdió el derecho de apelarlo; el fallo del juez Griesa no ha tenido ningún efecto práctico, fue una decisión política".

"Es mentira, es falso, no ocurrió que la Cámara de Apelaciones haya confirmado que Argentina está en desacato como publicaron. Lo que sucedió es que como no sirvió para nada la declaración de Griesa, porque no tuvo ningún efecto práctico, la Cámara dijo que es prematuro apelar, pero también dijo que si llega a haber algún efecto, apelemos", afirmó el ministro.

Remarcó que "Griesa declaró a la Argentina en desacato, y el Gobierno apeló", porque subrayó que "es un disparate que los 40 millones de argentinos estemos en esa situación por no pagarle a (Paul) Singer", dueño de uno de los principales fondos buitre.