El gobierno de Jair Bolsonaro dijo que podría retirar las nuevas reglas para la jubilación rural y los beneficios a ancianos de bajos recursos, tras una reunión con diputados del Partido Social Democrático, que hasta el momento no representan un apoyo en el Parlamento.

Brasilia. El gobierno de Brasil podría retirar de la iniciativa de reforma de presiones las nuevas reglas para la jubilación rural y los beneficios a ancianos de bajos recursos si la mayoría de los legisladores decide, aseguró el secretario especial de Previsión y Trabajo del Ministerio de Economía, Rogério Marinho.

La semana pasada Marinho señaló que no cabía al gobierno tomar la iniciativa de modificar la propuesta de reforma.

"No vamos a retirar ningún punto, quien tiene que retirar punto, añadir punto, modificar punto es el parlamento, es quien tiene esa prerrogativa", declaró el pasado miércoles en la Cámara de Diputados.

El cambio de postura de Marinho se dio este martes tras reunirse en el Ministerio de Economía con 12 de los 34 diputados del Partido Social Democrático (PSD), que hasta el momento no forma parte de la base de apoyo parlamentario al gobierno.

Los parlamentarios estuvieron en la sede del ministerio para conversar con el ministro de Economía, Paulo Guedes.

Al final del encuentro, Marinho afirmó a la prensa que eventuales cambios en la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) serán discutidos solamente cuando se instale la comisión especial que será creada en la Cámara de Diputados.

"Trece partidos ya se posicionaron contra esos dos ítems, pero vamos a seguir debatiéndolos y, si la mayoría así lo entiende, los ítems serán suprimidos porque el papel del parlamento es perfeccionar el proyecto, presentar propuestas que de alguna forma consigan mejorar el texto que fue presentado por el Ejecutivo", dijo Marinho.

La semana pasada, líderes de 13 partidos políticos se manifestaron contra los cambios sugeridos por el gobierno de Jair Bolsonaro en las reglas de pago del Beneficio de Prestación Continua, como se denomina el otorgado a ancianos de baja renta, y de la jubilación rural.

Las bancadas de estos partidos suman 291 de los 513 diputados, por lo que es esencial para el gobierno conseguir su apoyo.

Por tratarse de una enmienda constitucional, la reforma de pensiones debe ser votada por una mayoría calificada tanto en la Cámara como en el Senado, lo que obliga al gobierno a una amplia negociación.

La reforma prevé aumento de la edad mínima para jubilación en 65 años para los hombres y 62 para las mujeres.

También endurece las reglas de jubilación y reduce los gastos del gobierno en el pago de beneficios, con el objetivo de llegar a un ahorro para las arcas públicas de aproximadamente 1,16 billones de reales (unos US$300.000 millones) en 10 años.