Alberto Arenas, ministro de Hacienda, calificó el proyecto de ley como "una reforma tributaria necesaria en Chile", que ahora deberá pasar para su aprobación al Senado, Cámara en la que el gobierno tiene asegurados los votos.
Valparaíso. El gobierno de Chile celebró este miércoles la aprobación por los diputados de la reforma tributaria que busca recaudar US$8.200 millones para financiar materias sociales y, principalmente, la reforma a la educación pública, una de las promesas de campaña de la presidenta, Michelle Bachelet.
"Este es momento de celebrar porque hemos dado un paso muy importante para concretar una reforma que consolide los sueños del país, que garantice una educación de calidad y gratuita, que enfrente las desigualdades e invierta en las personas", señaló el ministro chileno de Hacienda, Alberto Arenas.
El funcionario calificó el proyecto de ley como "una reforma tributaria necesaria en Chile", que ahora deberá pasar para su aprobación al Senado, Cámara en la que el gobierno tiene asegurados los votos.
Arenas destacó el hecho de que haya sido ampliamente aprobada por los parlamentarios de la Cámara de Diputados, que votaron a la medianoche del martes el proyecto en general y en la noche de este miércoles en particular (por artículo), cumpliendo así su primer trámite legislativo.
El funcionario celebró el mayoritario respaldo obtenido y agradeció "a nombre de la presidenta de la República a todas las diputadas y diputados de esta sala, que a través de sus distintas intervenciones en este debate, nos han adelantado un mayoritario respaldo a esta reforma tributaria".
"Tuvimos un trámite con extensas jornadas de debate, donde todas las posturas fueron escuchadas", sostuvo Arenas.
La propuesta contempla variaciones en el impuesto en la renta; más y nuevos incentivos al ahorro y la inversión, así como mecanismos para acrecentar su liquidez, impuestos correctivos y un conjunto de medidas destinadas a contrarrestar la evasión y la elusión tributaria.
Uno de los mayores cambios apunta al alza del impuesto a la renta de las grandes empresas, el que se eleva del 20% al 25%, además de la eliminación del Fondo de Utilidad Tributaria (FUT), un mecanismo creado bajo la dictadura militar con el objeto de proteger a las empresas instaladas en el país, el cual les permitía tributar solo por un porcentaje de sus utilidades.
El presidente de la Cámara baja, el democristiano Aldo Cornejo, dijo a los periodistas que como diputados cumplieron con el compromiso de despacharla antes del 21 de mayo (fecha en que la presidenta entrega el balance de su gestión), "porque entendemos que es un reforma compleja y la necesidad que entre en vigencia lo antes posible".
La normativa aprobada ajusta, además, el tramo mayor de impuestos a las personas, sube la carga impositiva para los alcoholes y el tabaco, entrega mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos y aumenta el impuesto de timbres y estampillas, entre otras materias.
La reforma tributaria que debe ser vista ahora por el Senado está fundamentada en la financiación de tres temas principales: la reforma educacional; mejoras en políticas sociales (salud pública y pensiones del sistema solidario); y reducir el déficit estructural, fijándose como meta llegar a pleno equilibrio al 2018.
