Se estima que el 62% de la población campesina vive por debajo de la línea de pobreza, la que en el sector rural colombiano es 30% superior al promedio nacional, destaca un documento sobre una ley de desarrollo rural.

Con el propósito de asegurar el buen uso de la tierra, reducir en 30% los índices de pobreza en el sector rural, transformar su estructura productiva y atender a un millón de personas, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, reveló los lineamientos del proyecto de Ley sobre Desarrollo Rural.

Se estima que el 62% de la población campesina vive por debajo de la línea de pobreza la que en el sector rural colombiano es 30% superior al promedio nacional, destaca el documento.

La iniciativa será puesta a consideración del Congreso de la República en la próxima legislatura una vez sea consultada con las comunidades negras e indígenas, dice el informe del ministerio de Agricultura.

Indica el proyecto que la nueva política de Desarrollo Rural se adelantará en 25 áreas que trascienden los límites municipales y permitirán aprovechar ventajas regionales y mejorar la vinculación a los mercados.

El proyecto que radicará en los próximos días el gobierno en el Congreso, una vez se instale la nueva legislatura, propone cuatro líneas de acción para dotación de tierras a pequeños productores y campesinos sin tierra: compra directa de predios por el Incoder, subsidio integral de tierras, titulación de baldíos y formalización de títulos de propiedad rural.

Los beneficiarios de la política integral de tierras tendrán acompañamiento del Estado con un paquete de servicios que incluye: riego, servicios financieros, asistencia técnica y vivienda rural.

Habrá una nueva Política Nacional de Riego articulada con el ordenamiento de usos del suelo, precisa el informe.

Se crearán estímulos a la participación del sector privado en la construcción de distritos de riego a través de sistemas de obras por concesión y líneas de financiamiento adaptadas a los requerimientos de las inversiones en riego.

La prestación de la asistencia técnica será un servicio público obligatorio para pequeños y medianos productores. El proyecto de Ley de Desarrollo Rural tendrá once grandes componente: disposiciones generales, ordenamiento de los macro usos de la tierra, incentivos para mejorar los usos del suelo, política de desarrollo rural integral, acceso a la propiedad de la tierra, acceso a riego y adecuación de tierras, acceso a servicios financieros, bienes públicos sociales, infraestructura productiva, formalización de la propiedad rural y fortalecimiento institucional.

En la iniciativa se propone ampliar las reservas forestales para proteger toda la cobertura boscosa, aprovechar el potencial para el desarrollo de plantaciones forestales y establecer la UAF ambiental (Unidad Agrícola Familiar) como un mecanismo para la sustracción de zonas intervenidas de las reservas forestales.

Busca igualmente detener el crecimiento de la frontera agrícola, orientar la política hacia una mejor gestión del territorio y procurar un uso más eficiente de la tierra productiva disponible.

También propone eliminar los incentivos al crecimiento de la frontera agrícola: no más programas de colonización y cambiar la modalidad de titulación de baldios por ocupación.

Se creará el Consejo Nacional de Tierras (Conat), que se encargará de definir una política de usos de la tierra. Del Consejo harán parte el presidente de la República, los ministros de Agricultura, Minas y Energía y Ambiente y el director de Planeación Nacional.

Será creada la Unidad Nacional de Tierras y Aguas Rurales para la planificación y ordenamiento de los usos productivos de la tierra y el agua para riego.

Se establecerá un paquete de incentivos para mejorar los usos del suelo: líneas de crédito para financiar reconversión productiva, ICR para apoyar a los productores que se vinculen a programas de cambio en usos de suelo, DRE para mejorar la oferta de servicios de asistencia técnica para el cambio de usos, inversiones en riego y adecuación para asegurar la productividad de los nuevos usos.

El ministro de Agricultura llamó la atención por la alta concentración de la propiedad agraria en Colombia: los pequeños propietarios representan el 68% de los predios, pero tienen sólo el 3,14% de la superficie catastral.

Manifestó su preocupación por el aumento de lo que llamó “microfundización” de las explotaciones agrícolas: más del 80 % de los predios en Colombia tienen una extensión inferior a una UAF.

El 78,31% de los propietarios poseedores de parcelas agrícolas en Colombia son microfundistas es decir, son campesinos que no alcanzan a tener ni siquiera una UAF o Unidad Agrícola Familiar.