Con los decretos que se expidieron se incrementan las asignaciones de cerca de 1.166.000 servidores públicos y se cumple con el acuerdo de la negociación colectiva a la que llegaron el 11 de mayo de 2015.

El gobierno nacional expidió los decretos salariales para los servidores públicos pertenecientes a todas las entidades y organismos estatales del orden nacional y territorial y la de los retirados de las Fuerzas Militares.

En los documentos se determinó un incremento salarial de 7,77% para la vigencia de 2016, con retroactivo al 1 de enero del presente año.

Con los decretos que se expidieron se incrementan las asignaciones de cerca de 1.166.000 servidores públicos y se cumple con el acuerdo de la negociación colectiva a la que llegaron el 11 de mayo de 2015, el gobierno y las centrales y federaciones del sector público sobre el incremento salarial para 2016.

“Este gobierno cumple con todo a lo que se compromete. El año pasado, luego de negociar con los representantes de las federaciones y grupos sindicales de empleados públicos, firmamos un acuerdo que ha buscado mejorar las condiciones de todos nuestros servidores públicos. Dentro de estos compromisos, que se extienden a políticas de bienestar, formación, capacitación e incentivos, acordamos que todos los servidores públicos tendrían un punto adicional a la inflación causada en el incremento salarial para el año 2016", expresó Liliana Caballero, directora de la Función Pública.

Para definir el aumento se tuvo en cuenta variables como el índice de costo de vida, la productividad laboral del sector público y la situación fiscal del país.

Para los servidores de la Rama Judicial se ajusta el valor de la bonificación judicial que se viene reconociendo a estos servidores desde el año 2013, con el fin de atender la nivelación salarial.

A nivel territorial se señala los nuevos topes máximos salariales para los servidores de las gobernaciones, las alcaldías. Los topes respetan las equivalencias con cargos similares en el orden nacional, tal como lo ordena la Ley 4 de 1992.

En estos decretos se fijan además las nuevas tarifas para los viáticos tanto para servidores del nivel nacional como territorial, manteniendo los límites de la austeridad.

El gobierno con estos ajustes no solo garantiza mantener el poder adquisitivo de los salarios, sino que genera un ingreso adicional.