La propuesta fiscal tendrá que enfrentar un complicado camino en un Congreso en el que muchos de los legisladores han anticipado que no aprobarán algunas de las iniciativas, en un año preelectoral que hará más difícil su trámite.
Bogotá. El Gobierno de Colombia radicó este jueves en el Congreso una reforma para aumentar los impuestos a las personas y a las empresas, eliminar exenciones y deducciones tributarias, necesaria para mejorar las finanzas del país sudamericano y mantener su calificación de riesgo crediticio.
Con la denominada Ley de Solidaridad Sostenible, cuya mayoría de propuestas entrarían a regir en 2022, el Gobierno busca elevar el recaudo tributario en 23,4 billones de pesos (US$ 6.383 millones) al año, equivalente a un 2% del Producto Interno Bruto (PIB).
"Es una reforma moderada si nos comparamos internacionalmente", dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, durante la presentación del proyecto.
La propuesta fiscal tendrá que enfrentar un complicado camino en un Congreso en el que muchos de los legisladores han anticipado que no aprobarán algunas de las iniciativas, en un año preelectoral que hará más difícil su trámite.
Los recursos que el Ministerio de Hacienda busca obtener con la reforma serían destinados a cubrir el déficit fiscal, a financiar el programa social de ingreso solidario y a otros programas de reactivación económica y de fomento de empleo.
El proyecto de ley incluye modificaciones e incrementos al impuesto sobre las ventas o IVA, a la renta de personas y empresas, así como un alza del tributo sobre los dividendos al 15% desde uno actual de 10%.
También ampliaría un impuesto al carbono para incluir todos los combustibles fósiles y recaudaría 14.000 millones de pesos (US$ 3,8 millones) a través de un impuesto sobre los plásticos de un solo uso.
La reforma también propone la redefinición de criterios de la regla fiscal, fortaleciéndola para garantizar niveles prudenciales del nivel de pasivos públicos para salvaguardar la capacidad económica del Estado y permitir la adecuada y perdurable implementación de los ajustes propuestos en materia de gastos e ingresos.
Impacto de la pandemia. Colombia se vio obligada a elevar el año pasado su déficit fiscal hasta un 7,8% del PIB por la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, que a su vez la llevó a incrementar la deuda al 64,8% del PIB para atender las necesidades en salud y programas de asistencia social, mientras que el recaudo tributario disminuyó por la recesión económica.
Para este año el Gobierno proyecta un déficit fiscal de unos 94,7 billones de pesos (US$ 25.835 millones), equivalente al 8,6% del PIB, en un escenario de crecimiento de la economía de un 5%.
Los ingresos tributarios anuales de Colombia equivalen a un 19,3% del PIB de 1.002 billones de pesos (US$ 273.360 millones).
Las agencias calificadoras de riesgo anunciaron recientemente que una revisión a las notas crediticias del país -que mantiene el grado de inversión, aunque con un panorama negativo-, se realizará después de que se conozca la aprobación final del Congreso.
La cuarta economía de América Latina impulsó 12 reformas tributarias en los últimos 20 años.
El costo fiscal de los beneficios tributarios en Colombia alcanza 69,1 billones de pesos (18.851 millones de dólares), equivalente a un 6,5% del PIB.
El país enfrenta una encrucijada por la necesidad de aumentar los impuestos y el efecto negativo que podría tener en el crédito de las empresas, aunque el impacto no sería suficiente para afectar sus calificaciones, dijo recientemente la evaluadora Fitch.
Al cierre del año pasado declaraban renta 3,81 millones de personas y 549.757 empresas en el país de 50 millones de habitantes.
Los principales sindicatos anunciaron una huelga para el 28 de abril en protesta contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque, principalmente la reforma tributaria.
