El presidente Correa indicó en su informe de labores semanal de este sábado, que en diciembre de 2015 se registró un desempleo urbano del 3,7%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), un índice bajo tomando en cuenta que las exportaciones cayeron en un 7.
Quito. El gobierno del presidente Rafael Correa ha propuesto incentivos al empleo juvenil y un seguro de desempleo como medidas para proteger el empleo y evitar despidos, en medio de la difícil situación económica que afronta la nación andina, como consecuencia del hundimiento del precio del petróleo y la revalorización del dólar.
El presidente Correa indicó en su informe de labores semanal de este sábado, que en diciembre de 2015 se registró un desempleo urbano del 3,7%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), un índice bajo tomando en cuenta que las exportaciones cayeron en un 7. Asimismo, dijo que la se mantiene por debajo de los 5 puntos con 3,4%.
Recordó que en 1987, en el gobierno socialcristiano de León Febres Cordero, cuando ocurrió uno de los mayores terremotos en el país, que rompió más de 70 kilómetros del Oleoducto Transecuatoriano y causó la caía de las exportaciones en 1,84%; el desempleo creció en 7,2% y la inflación registraba diez veces más que en la actualidad, es decir el 32,5%.
"Hacen politiquería, no les interesa defender a los trabajadores sino ver si le ganan a Correa" dijo el presidente en referencia a los argumentos de la oposición para desprestigiar su gestión.
Explicó que contrario a las administraciones pasadas, que aplicaban paquetazos económicos, el actual gobierno está proponiendo, a la Asamblea Nacional, reformas laborales como el seguro de desempleo, la reducción de la jornada laboral, que se contempla en el Código del Trabajo; reformas a la Ley de Pasantías, Contrato juvenil, entre otras.
En el 1981, cuando Oswaldo Hurtado asumió el poder tras la muerte de Jaime Roldós Aguilera, se habían adoptado medidas que no protegían al trabajador y se realizaron dos grandes huelgas por año lo que dejó como saldo trabajadores y estudiantes muertos, además de la falta de garantías y la aplicación de medidas económicas extremas.
En el gobierno de Febres Cordero, en 1986, se subió el salario básico apenas un 17,6% frente a una inflación del 28,9%, insuficiente para cubrir las necesidades básicas.
En el gobierno de Rodrigo Borja, se aprobaron reformas laborales como la Ley de Régimen de Maquila, de contratación laboral a tiempo parcial, lo cual facilitó el contrato y despido de trabajadores y se terminó con la estabilidad laboral.
En abril de 1999, en la presidencia de Jamil Mahuad, se aprobó la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas que promovió, en un primer paquete, despedir a 7.000 empleados del sector público; mientras que el gobierno de Gustavo Noboa, en el 2000, se hizo una reforma al Código de Trabajo, creando el trabajo por horas y fijando un valor por cada hora entre 0,50 y 0,97 centavos afectando al salario real.
En aquel año el desempleo superó el 18%, ya que el cambio monetario afectó negativamente al mercado laboral, cuyo impacto fue mayor en jóvenes y mujeres pobres. El salario básico no cubría ni la canasta de la pobreza.
Y en el mandato de Lucio Gutiérrez, en 2003, se creó la tercerización laboral, que desprotegió a los empleados contratados bajo esa condición. Solo el 25% de los trabajadores estaban amparados por la ley y el costo de la vida subió.
