El Estado griego pierde anualmente 12.000 millones de euros por el contrabando, la evasión fiscal y las deudas a Hacienda.

La lucha contra la evasión fiscal y la corrupción es uno de los pilares de las reformas a las que el gobierno de Alexis Tsipras se ha comprometido con sus socios, un proyecto que deberá acometer con urgencia si bien los resultados tardarán en llegar.

El Estado griego pierde anualmente 12.000 millones de euros por el contrabando, la evasión fiscal y las deudas a Hacienda, y el objetivo del nuevo Gobierno es recuperar al año 4.000 millones de ese total, dinero que iría parcialmente al programa para combatir la crisis humanitaria.

Combatir esa fuga es una labor hercúlea que tardará tiempo en dar frutos, si es que los hay y el nuevo Gobierno realmente logra lo que no consiguieron los anteriores, por "falta de voluntad", como ha subrayado repetidamente el equipo de Tsipras.

Para ello, Tsipras ha creado un cargo que hasta ahora no existía, el del ministro de Estado para la lucha contra la corrupción, función que desempeña Panayotis Nikoludis, un juez que desde 2010 dirigía el organismo contra el lavado de dinero.

"No vamos a declarar una guerra contra los oligarcas. Procederemos a controles bien concretos de personas que han violado la ley y han perjudicado al Estado", resume así su filosofía el ministro anticorrupción.

Un primer paso en esta dirección fue ayer el bloqueo de cuentas bancarias y de bienes de 17 personas, que además de tener elevadas deudas con el Estado habían transferido en los últimos dos meses importantes sumas de dinero al extranjero.

Hasta ahora, los mecanismos de control de Hacienda han estado funcionando con extrema lentitud, alentando así a la sociedad a pensar que no hay voluntad de luchar contra la evasión, al menos de las grandes fortunas.

Ejemplo de esta lentitud lo fue el pésimo resultado que arrojó el plan del anterior Gobierno de controlar a 54.000 personas que, entre 2009 y 2011, transfirieron al extranjero un total de 20.000 millones de euros.

Hasta diciembre de 2013 tan solo habían sido controladas 44 personas que debían devolver al Estado 18,5 millones de euros.

Para el ministro adjunto de Reforma Administrativa, Yorgos Katrúgalos, una herramienta clave de esta lucha es el aumento de los recursos humanos en todos los mecanismos de control, empezando por los inspectores de Hacienda o de Trabajo hasta los controladores de las cajas de seguridad social.

Katrúgalos prometió que buena parte de los 15.000 nuevos empleados públicos que serán contratados a lo largo del año serán efectivos para mejorar los mecanismos de control.

Otra prioridad del Gobierno es luchar contra la llamada "corrupción cotidiana", bien sea la no declaración de impuestos por parte de pymes y autónomos o los sobornos a funcionarios para acelerar un asunto.

Se trata de un problema especialmente grave, pues al implicar a mucha gente, provoca al Estado pérdidas considerables, y además mina el funcionamiento correcto del sector público.

Para hacer frente a este problema el Gobierno tiene previsto mejorar los servicios electrónicos y limitar al mínimo el contacto directo entre el ciudadano y la administración.

El ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, ha reconocido que es difícil hacer una previsión exacta del dinero que puede recuperarse. "Es como en una excavación arqueológica, nunca se sabe lo que se encontrará. Confías en que te vas a topar con un gran tesoro. Yo estoy seguro de que vamos a encontrar un tesoro", dice.

En algunos sectores los resultados pueden ser palpables pronto, como en los casos del contrabando de gasóleo y de tabaco.

"Existen las herramientas informáticas y electrónicas que nos permitirán recaudar 1.500 millones de euros del contrabando de gasóleo y otros 800 millones de euros del contrabando de tabaco al año", indicó hace unos días el ministro adjunto de Finanzas Dimitris Mardas, quien aseguró que lo que pasa es que hay que aplicarlas y mejorar la gestión de los recursos.