De ser aprobada la iniciativa de ley para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía, será el primer paso para elevar los salarios mínimos de los trabajadores.

Bajo la garantía de que no habrá leyes ni medidas unilaterales que afecten a los sectores productivos ni a la economía mexicana, el Ejecutivo federal envió al Congreso la iniciativa para elevar la productividad y competitividad, con el fin de contar con una política nacional de fomento económico obligatoria para la administración pública federal, con visión no sólo a seis años (corto plazo) sino a 20 años (largo plazo).

Dicha iniciativa plantea que los apoyos a los sectores productivos no se harán a través de incentivos, como sucedía en el pasado, puesto que se caía en regímenes especiales que llevaban a evadir y eludir impuestos; así que todos los programas se harán con base en el gasto público, bajo la rendición de cuentas y transparencia.

De ser aprobada la iniciativa de ley para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional por el Legislativo, será el primer paso para elevar los salarios mínimos de los trabajadores, puesto que se hace obligatorio para las empresas el capacitar a sus empleados para incrementar el poder adquisitivo sin riesgo inflacionario, estableció Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público.

Abundó que en el artículo 153 de la Ley Federal de Trabajo se creó el instrumento de comités de productividad, el cual será reforzado bajo la iniciativa de Ley de productividad, en donde se solicitó a la Iniciativa Privada dar vida a estos centros con trabajadores y emprendedores, lo que derivará en el incremento del salario mínimo sin ser inflacionario, y en cambio, incremente el poder adquisitivo.

En conferencia de prensa conjunta con diputados de la Comisión de Competitividad, se planteó que la otrora política industrial, de fomento económico, estará regida por el gobierno federal, el sector productivo, los trabajadores y la academia, con el fin de direccionar y accionar las reformas estructurales como es la energética, laboral, telecomunicaciones, competencia, financiera, entre otras, aseveró Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía.

No regresa al proteccionismo. “Es una política de fomento que no nos llevará a los 70. No es una reversión al proteccionismo, es una política consistente con los nuevos tiempos, considerando que la economía mexicana es una economía globalmente integrada que debe responder a los nuevos retos de la competencia global”, refirió el funcionario.

En este sentido, el Ejecutivo propone con la ley incentivar a las grandes empresas exportadoras a trasladar su proveeduría en el extranjero a territorio nacional, impulsando que los proveedores sean mipymes organizadas en cadenas productivas (clúster), para lograr una mayor integración y valor agregado nacionales en bienes y servicios de exportación.

La también llamada ley de fomento económico establecerá mecanismos para acordar compromisos en indicadores de desempeño por parte de las dependencias, órganos autónomos, entidades federativas con la participación que corresponda a sus municipios demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los trabajadores y las instituciones educativas.

En vigor antes de diciembre. En su oportunidad, Adolfo Oribe Bellinger, presidente de la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados, citó para el 14 de octubre a los secretarios Guajardo y Videgaray con el fin de explicar ante los diputados los propósitos de la iniciativa; mientras que al día siguiente se solicitó la presencia de la Iniciativa Privada para presentar sus opiniones al respecto. Además, participarán organismos internacionales, entre ellos la Cepal.

Se prevé que a principios de noviembre la iniciativa de productividad se suba al Pleno camaral para su eventual aprobación, y cuando cumpla sus dos años de gobierno Enrique Peña pueda publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.

La nueva ley, reglamentaria de los artículos 25 y 26, apartado A de la Constitución, promoverá la competitividad, el incremento continuo de la productividad y una política nacional de desarrollo industrial.

Punto finos 
de la iniciativa:

-Una política de fomento económico obligatoria a la administración pública con medidas transversales, sectoriales y regionales para elevar la productividad.

-Coordinación entre el gobierno, las empresas, los trabajadores y la academia.

-Implementación de mecanismos de evaluación y medición de indicadores económicos.

-Que el PND será a largo plazo (20 años).

-Será obligatorio capacitar a los trabajadores para elevar su salario.

-Se integrará a las cadenas productivas para formar clústers.

-Fortalecer el mercado interno, mayor crecimiento económico, generar empleos y mejorar el ambiente de los negocios.