Con el acuerdo se prevé un freno de US$100,3 millones en los gastos de funcionamiento y de US$489,7 millones en inversiones, repartidos entre las instituciones descentralizadas y del Gobierno Central.
El gobierno panameño avaló la noche del martes, un programa de contención del gasto público que evitará el desembolso de hasta US$590 millones durante el segundo semestre del año, y acordó asimismo suspender las contrataciones de personal con el objetivo de enfrentar las deudas heredadas por el gobierno anterior.
Con el acuerdo se prevé un freno de US$100,3 millones en los gastos de funcionamiento y de US$489,7 millones en inversiones, repartidos entre las instituciones descentralizadas y del Gobierno Central.
El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia dijo que la medida "no afectará las operaciones del gobierno", los programas de subsidio, que este año podrían sumar unos US$1.200 millones o las promesas de campaña del presidente Juan Carlos Varela.
De hecho, el funcionario sostuvo que, debido a la crisis fiscal heredada por la administración de Ricardo Martinelli, el nuevo gobierno se vio obligado a implementar medidas de ahorro prácticamente desde el inicio de su gestión.
"La contención del gasto público por US$590 millones es para poder estar dentro de los límites que permite la ley, pero encima vamos a tener que pedir una dispensa (a la Asamblea) porque el déficit fiscal del primer semestre fue de US$1.500 millones”, aseguró De La Guardia durante una entrevista televisada.
Dicho monto representa un 3,2% del PIB, muy por encima del límite legal establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal que para este año está fijado en 2,7%. Por ello, las autoridades deberán solicitar una autorización para elevar ese techo.
En todo caso, el ministro recordó que el recorte en gastos innecesarios, ha permitido reforzar algunos programas sociales como el aumento de la llamada beca universal para los estudiantes de escuelas públicas y el de ayuda a las personas no jubiladas.
Antes de la resolución de este martes, el gobierno panameño había establecido una serie de medidas de ahorro en las que se incluían, entre otros, la cancelación de viajes innecesarios, y la suspensión de la compra de vehículos y equipos y servicios de internet.
