De esta manera, a través del proyecto de ley 4562/2014-PE el Gobierno pide facultades para legislar en materia administrativa, económica y financiera.
El Poder Ejecutivo presentó al congreso de la República el proyecto de ley mediante el cual solicita facultades para legislar en materia administrativa, económica y financiera por un período de 120 días calendarios, a fin de desarrollar nueve propuestas.
De esta manera, a través del proyecto de ley 4562/2014-PE el Gobierno pide facultades para legislar en materia administrativa, económica y financiera a fin de:
Promover, fomentar y agilizar la inversión privada, las asociaciones público privadas (APP) y la modalidad de obras por impuestos, así como facilitar y optimizar los procedimientos en todos los sectores y materias involucradas, incluyendo mecanismos de incentivos y reorientación de recursos, que garanticen su ejecución en los tres niveles de gobierno, y en las distintas actividades económicas y/o sociales.
Facilitar el comercio, doméstico e internacional, establecer medidas para garantizar la seguridad de las operaciones de comercio internacional , eliminar las regulaciones excesivas que lo limitan; así como facilitar la provisión de servicios de transporte acuático regular de pasajeros, donde no haya oferta privada suficiente e idónea en la Amazonía.
Fomentar el desarrollo del mercado de capitales, impulsar el desarrollo del mercado de factoring, fortalecer el sistema financiero, así como otorgar incentivos fiscales para promover los fondos de inversión en bienes inmobiliarios, el arrendamientos de inmuebles para vivienda y el financiamiento a través de las facturas negociables, fortalecer el intercambio de información tributaria y financiera y colaboración entre Estados, así como la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito.
Promover un marco legal que cautele las emisiones de títulos de deuda pública que se encuentren registradas en los distintos mercados financieros, así como promover medidas para cautelar la capacidad fiscal del Estado Peruano para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones.
Fortalecer la organización y optimizar los procedimientos de los ministerios, organismos públicos, organismos reguladores, empresas estatales e instituciones de los tres niveles de gobierno.
Reforzar el marco legal y el rol del Estado en la promoción, planificación y seguridad para el desarrollo de las actividades energética y minera, así como fortalecer su función concedente para el ejercicio de dichas materias.
Perfeccionar la regulación y demás aspectos de las actividades de generación, distribución eléctrica y de electrificación rural, así como dictar el marco general para la interconexión internacional de los sistemas eléctricos y el intercambio de electricidad.
Promover el consumo humano directo del recurso hidrobiológico a través del desarrollo de la acuicultura, impulsar la innovación, la transparencia tecnológica, la mejora de la calidad, el desarrollo e implementación de los parques industriales y ecosistemas productivos, de manera sistémica e integral, así como de los CITE, y establecer procedimientos ágiles y transparentes para su rápido despliegue.
Establecer medidas que promuevan el acceso a la vivienda y la formalización de la propiedad, así como fortalecer la rectoría sectorial en saneamiento con la finalidad de fomentar, modernizar, racionalizar y optimizar la infraestructura y los servicios de saneamiento y asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos.
El documento lleva la rúbrica del Jefe de Estado, Ollanta Humala, y la del titular del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.
