La reglamentación habilita a la administración tributaria a solicitar a la justicia uruguaya el acceso a información financiera ante la sospecha de evasión fiscal o lavado de activos.

Montevideo. Uruguay aplicará con "responsablidad y mesura" el levantamiento del secreto bancario, que fue reglamentado días atrás por el gobierno tras aprobarse la ley en diciembre de 2010, dijo el director de la Dirección General Impositiva (DGI), Pablo Ferreri.

La reglamentación habilita a la administración tributaria a solicitar a la justicia uruguaya el acceso a información financiera ante la sospecha de evasión fiscal o lavado de activos, algo que anteriormente sólo podía realizarse en caso de existir una denuncia penal.

"La reglamentación es una herramienta más que tiene la DGI (...) será utilizada con mesura y responsabilidad", dijo Ferreri a Reuters.

La norma alcanzará las cuentas en Uruguay de no residentes si hay un pedido del país de origen del depositante, siempre que haya entre ambas naciones un acuerdo de intercambio de datos para evitar la doble imposición.

En Uruguay, casi un 23% de los depósitos en moneda extranjera son de no residentes y, según operadores del mercado, en su mayoría pertenecen a argentinos.

No obstante, Ferreri comentó que "aún está pendiente la reglamentación del trámite que deberán iniciar los países que soliciten información".

La ley de flexibilización, resistida por el mercado financiero, conforma un esfuerzo del Gobierno por sacar al país de una "lista gris" de naciones consideradas poco transparentes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Hasta el momento, el país tiene convenios ratificados con España, México y Francia y en proceso de ratificación con Portugal, Suiza, Lichtenstein, Alemania, Ecuador, Malta y Hungría.

En tanto, con Canadá, Países Nórdicos y Australia está iniciado el proceso.

Por otra parte, la reglamentación de la norma exige al organismo fiscalizador consultar al contribuyente si está dispuesto a que revisen sus cuentas voluntariamente, si no la DGI podrá cursar el pedido ante la justicia.

Los consultados que accedan a colaborar tendrán como beneficio una reducción en el período de fiscalización de sus cuentas que pasará a ser de 2 a 4 años hacia atrás, amparados en una norma de 2007.

Para Alberto Varela, abogado del estudio Ferrere, la reglamentación está orientada al medio local y es ventajosa para el contribuyente.

"Al levantamiento voluntario que ya estaba vigente, desde julio de 2007, este decreto lo pone como condición previa y necesaria para el levantamiento judicial y esto beneficia al contribuyente", señaló Varela.

La norma marca un sustancial cambio en el régimen del secreto bancario local, que rige desde 1982, sobre el que se basa el sistema financiero del país sudamericano.