Las agencias calificadoras y los analistas económicos siguen de cerca este proceso, que enfrenta la resistencia del PIT-CNT y de una parte del Frente Amplio.

Observa.com.uy El gabinete de gobierno tiene claro que no es posible hacer frente a todos los compromisos asumidos en el Presupuesto. En un escenario marcado por la desaceleración de la economía y las complicaciones en el frente fiscal –tal como expuso el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado ayer–, las autoridades del Poder Ejecutivo empezaron a discutir la Rendición de Cuentas que modificará el Presupuesto vigente con el objetivo de reducir el rojo de las cuentas públicas.

Las agencias calificadoras y los analistas económicos siguen de cerca este proceso, que enfrenta la resistencia del PIT-CNT y de una parte del Frente Amplio. Hasta ahora, las calificadoras de riesgo depositaron su confianza en el gobierno de Tabaré Vázquez y sus planes de mediano plazo de ordenar las cuentas públicas, pero a la luz del desmejoramiento de los indicadores macroeconómicos y sus perspectivas, ven en esta Rendición de Cuentas una instancia clave para redoblar o declinar su apuesta por Uruguay.

Un punto de coincidencia entre varios analistas y figuras de gobierno es que la reducción del déficit que está prevista –a 2,5% del PIB al final del período, desde el 3,5% con que cerró 2015– no ocurrirá en ausencia de modificaciones por el lado del gasto o lo ingresos respecto al Presupuesto.

El Consejo de Ministros se reu-nió ayer sábado en la residencia presidencial de Suárez y Reyes con el objetivo de comenzar a delinear las bases de cara a la próxima Rendición de Cuentas.
El principal orador durante el encuentro –que se extendió por casi seis horas– fue el ministro Astori, quien realizó una presentación sobre la situación de la economía local y regional, que hoy se enfrenta a un escenario mucho más complicado al que preveía el equipo económico cuando elaboró el Presupuesto a mediados del año pasado.

Fuentes consultadas por El Observador que participaron de la instancia de ayer indicaron que el jerarca realizó "valoraciones generales" y "algunas particulares" que considera "deberán ser tenidas en cuenta". El encuentro sirvió para hacer un "examen general" previo a las decisiones que se deberán tomar respecto a qué gastos e inversiones se van a priorizar.

En la reunión también hubo espacio para un repaso sobre algunas áreas de políticas que son parte del programa de gobierno y que están pendientes de desarrollarse, según se informó, como insumo para determinar las prioridades. Hasta ahora el gobierno insiste en ser absolutamente cauteloso en el manejo del gasto público, que será revisado, aunque sin resignar el gasto social, de acuerdo a lo que han repetido distintas autoridades de gobierno.
Astori ha reconocido públicamente que el panorama es "más adverso" porque el deterioro del contexto internacional ha sido más agudo de lo previsto.

El año pasado, el gobierno ya recortó parte del gasto discrecional por el lado de las inversiones, en particular las de empresas públicas. Eso evitó que el deterioro fiscal fuera mayor, pero la realidad impone nuevas correcciones.

El Presupuesto quinquenal para 2017 equivale a unos US$ 12.100 millones. La tarea de recortar esa cifra no es fácil tomando en cuenta la elevada rigidez del gasto público, donde algo más del 70% ya está comprometido para sueldos, pasividades y transferencias, entre otras obligaciones, que no pueden ser revisadas. Eso acota de forma considerable el margen de maniobra de las autoridades.

Los ministros volverán a reu-nirse mañana en el edificio Torre Ejecutiva para continuar delineando detalles del proyecto que deberá ser enviado al Parlamento antes de julio, en conjunto con las nuevas proyecciones de crecimiento que son parte fundamental del planteo y del análisis de la futura Rendición de Cuentas.

El déficit y la nota de deuda. Con la economía frenada en los últimos tres trimestres de 2015, sostener en equilibrio las principales variables macroeconómicas es una tarea más complicada que hace un año atrás.

Las finanzas públicas del gobierno cerraron en los 12 meses a marzo con un déficit equivalente a 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) y la mediana de los analistas encuestados en abril por El Observador espera que el año cierre con un rojo de 3,9%, para moderarse a 3,6% en 2017. De concretarse el resultado fiscal esperado para este año por la mediana de los expertos, se estaría frente a los niveles más abultados desde el año 1989.

Por ahora, Uruguay mantiene la confianza de los mercados internacionales, reflejada en las bajas tasas de interés que paga la deuda emitida por el Estado. El país cuenta además con créditos muy favorables preacordados con organismos multilaterales, que le dan aire para atravesar eventuales turbulencias de los mercados internacionales por períodos no muy largos. Pero la inflación de dos dígitos durante los últimos tres meses y el encarecimiento de la economía frente a sus socios comerciales y competidores, constituyen factores de riesgo que se suman al abultado déficit y complican las perspectivas.

Nada de esto pasa desapercibido para las calificadoras de riesgo que hoy miran con lupa cuál será la estrategia fiscal que desarrollará el gobierno en la Rendición de Cuentas. En diálogo con El Observador, el analista de Fitch Ratings para Uruguay, Todd Martínez, sostuvo que "la falta de progreso en contrarrestar" las tendencias negativas en las finanzas públicas y el crecimiento podría ser negativa para la calificación".

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También la agencia de calificación de riesgo estadounidense Moody's alertó sobre la situación económica del país esta semana, al considerar que "el empeoramiento del entorno macroeconómico aumenta los retos" para cumplir con los "objetivos fiscales" de Uruguay.

En su último informe, publicado el 9 de mayo, también se advierte sobre el déficit fiscal y por las medidas de consolidación previstas. "Dado que la desaceleración se intensificará en 2016, los riesgos para las perspectivas fiscales son asimétricos con firmeza a la baja", sostiene el documento.

Asimismo, enuncia que "en caso de que las medidas de consolidación se queden cortas en reducir el déficit, la deuda pública podría superar el 50% del PIB en 2017, lo que socavaría la credibilidad de la política fiscal y debilitaría los indicadores crediticios de Uruguay en relación con sus pares de calificación".

La calificación de grado inversor que tiene la deuda uruguaya es hoy una de las principales fortalezas con las que cuenta la economía local. En medio de las turbulencias que afectan a la región y al resto de los países emergentes, esa es una cualidad que lo distingue de la mayoría de los países de la región y un respaldo a la hora de generar confianza para atraer inversión y buscar fuentes de financiamiento externo.

"Problemas de sintonía". Los planes del gobierno para encaminar las cuentas públicas en un contexto de menor crecimiento dado por el nuevo contexto regional y global no sintonizan totalmente con otras posiciones que existen, por ejemplo, en el PIT-CNT y en la coalición de izquierda.

La central sindical reclama que se mantengan los niveles de inversión pública en las empresas para evitar la pérdida de empleos, al tiempo que dentro del Frente Amplio hay grupos que entienden necesario revisar las exoneraciones tributarias para las inversiones e incrementar la carga impositiva a los sectores de mayores ingresos para aumentar el margen fiscal.

A principios de mayo el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, señalaba al portal de Presidencia de la República que a su juicio, la respuesta a la desaceleración "no es solamente el achique", utilizando un término que el movimiento sindical introduce en todos sus discursos, cuestionando el recorte de gastos como medida de ajuste.

La visión de los analistas. La semana pasada, en entrevista con El Observador TV, el director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, Hernán Bonilla, sostuvo que el gobierno tiene que demostrar que tiene el control de la macroeconomía. Para eso, dijo que se deberían aplicar algunas medidas que ayuden a mantener el déficit fiscal bajo control con lo que "ya podría estar dando una buena señal".

A su juicio, "una medida de cajón" sería topear la ejecución del gasto de algunas oficinas públicas, dejando fuera de ese topeo la educación, la seguridad y las políticas sociales, pero topeando otros ministerios, algunas empresas públicas, gastos de publicidad y políticos. "Si se topeara la ejecución del gasto en un 90%, sería una buena medida", apuntó Bonilla.

En tanto, el economista de CPA Ferrere, Gabriel Oddone dijo el lunes en Metrópolis FM que Uruguay está "mejor preparado que en el pasado" para afrontar shocks externos, pero advirtió que "se deterioró el resultado fiscal" y que eso genera "fragilidad".

El experto agregó que el gobierno "subestimó" el impacto de la crisis brasileña sobre Uruguay y que existe una elevada "rigidez" del gasto público. Sostuvo que "probablemente" las autoridades se verán obligadas a "subir impuestos". Oddone consideró "imprescindible" recuperar la estabilidad fiscal y lograr "rápido un resultado fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda) "de 1% a 1,5% del PIB para no perder el grado inversor".

"La situación fiscal no está descontrolada, pero sin mejoras se puede perder el ancla de la economía y perder el grado inversor", advirtió. Explicó que de todos los países de la región que tienen la calificación de grado inversor en el escalón más bajo, Uruguay es el que presenta los peores indicadores macroeconómicos.