Expertos alertan vulnerabilidad de derechos individuales, pero reconocen que es difícil frenarla.
Montevideo. El camino hacia la "transparencia tributaria" y un mayor acceso a la información de los contribuyentes –que comenzó a transitar Uruguay desde el 2004 con la ley contra el lavado de activos–, es parte de una nueva etapa del país que está enmarcada en la política de inserción económica, dijo el subdirector de Rentas y docente de derecho tributario, Álvaro Romano, en el marco del ciclo de charlas técnicas titulado Panama Papers: enfoque jurídico y tributario, que el jueves por la noche organizó la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la República.
La instancia contó además con la participación de la experta en derecho comercial y exvicepresidenta del Banco Central, Eva Holz, y el profesor de Derecho Civil y coordinador de la Unidad Académica Jurídica (FCEA), Carlos Álvarez Cozzi.
Durante su disertación, el subdirector de la DGI reconoció que el destape de los Panama Papers generó un debe y una "fricción natural" entre el interés general y el particular. El experto recordó que los sociedades offshore se caracterizan por estar radicadas en países con baja o nula tributación, lo que las hace "atractivas" desde el punto de vista tributario. Si bien su operativa puede perseguir un fin lícito, la opacidad puede generar "perjuicios" a otros Estados, alertó.
"La política tributaria no actúa aislada, está asociada a la política de inserción regional e internacional que optó por desarrollar Uruguay", argumentó Romano. En ese contexto, el jerarca informó que hoy Uruguay cuenta con 30 acuerdos de intercambio de información tributaria y para evitar la doble imposición con otros países. "Eso habla de un cambio en el posicionamiento del país que obedece a un modelo de inserción", añadió.
Romano se mostró sorprendido por las críticas de algunos tributarias sobre el avance del poder de la DGI. En ese contexto, dijo que hasta el año 1982 el secreto bancario no era oponible a la DGI.
Precisamente, entrevistado por El Observador TV el presidente del Banco Central Mario Bergara, dijo esta semana que el secreto bancario se "está llevando a su mínima expresión, comparado con el rol que tenía en la ley financiera de 1982. Era el eje de lo que vendíamos, sobre todo a la región. Esa opacidad del secreto bancario se interpretaba como un pilar de desarrollo de la economía uruguaya. Ese enfoque probó ser erróneo", afirmó.
Al igual que Romano, dijo que hoy la estrategia de desarrollo del país obliga a adoptar las normas internacionales más rigurosas en materia de prevención de la evasión fiscal y el lavado de activos.
Romano se encargó de realizar una detallada presentación con un sesgo histórico –comenzó a mediados del pasado siglo– con las principales leyes y decretos vinculados al Derecho Tributario. El recorrido abarcó algunos hitos, como la norma que en 1990 permitió a las SAFI (sociedades anónimas financieras de inversión) quedar habilitadas a brindar operaciones comerciales y no solo financieras. Durante la era de la "opacidad", que se acentuó en los últimos 20 años del siglo pasado, a la administración tributaria se le hacía "imposible" identificar a los titulares, socios o accionistas de sociedades anónimas. La DGI no tenía la posibilidad de acceso a información bancaria. Esa situación de países opacos contaba con administraciones tributarias débiles, explicó el subdirector.
Sin embargo, esa era llegó a su fin en 2004, para luego iniciar un camino que tiende a la "transparencia", apuntó Romano. En 2005 se procedió a la reforma de la DGI, luego se aprobó una reforma tributaria en 2006, que corrigió varios aspectos de la "opacidad" de la era anterior.
Durante esa etapa se puso fin a la actividad de las SAFI. Luego vinieron otros cambios, como la ley que permitió el levantamiento del secreto bancario bajo determinadas circunstancias en 2010. Más adelante vinieron otras normas, como la ley que permitió el registro ante el BCU de los titulares de sociedades anónimas, y los compromisos que asumió Uruguay ante la OCDE con la firma de la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en Asuntos Fiscales, y de implementar el intercambio automático de información financiera (sin orden judicial) con fines tributarios a partir de setiembre de 2018.
Durante el cierre de la charla, Holz reconoció que la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y lavado de activos que están promoviendo los países desarrollados está cumpliendo con el objetivo de "eliminar" los regímenes tributarios que hoy cuentan con una "carga baja. Ese el mundo en que estamos hoy", admitió.
Sin embargo, al inicio de su disertación, la experta mostró reparos por la persecución que se ha generado sobre las actividades de las sociedades offshore. En el caso de Uruguay, dijo que "el 99%" de las sociedades persigue fines lícitos en materia de ahorro e inversión. "La mayor parte de la gente piensa hacer las cosas bien", indicó. También marcó algunas contradicciones, como las exigencias que marcan a terceros en materia de normas los países desarrollados, como Estados Unidos, que tienen estados –como el caso de Delaware–, que se especializan en la apertura de sociedades offshore.
