Los diferentes planes de pensión o regímenes de previsión social del país enfrentan problemas financieros, y algunos han tenido que aplicar cambios para mantenerse solventes.

En menos de un año, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) modificó los requisitos para pensionarse en el Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia —que cubre a trabajadores en general— y el Plan de pensiones para trabajadores del IGSS.

El común denominador es el aumento en la edad de jubilación y el número de cuotas que se deben cubrir, entre otros. Las autoridades del IGSS argumentan que sin esas modificaciones los programas entrarían en desequilibrio financiero.

Por ejemplo, desde febrero del 2011 se agotaron los fondos del Régimen de Previsión Social de Trabajadores de Guatel —que agrupa a dos mil 466 pensionados— y a la fecha no han sido dotados de recursos, pese a un ofrecimiento del Congreso.

Luis Felipe Irías, subgerente de prestaciones pecuniarias del IGSS, dijo respecto de los cambios en el plan de pensiones: “Es un proceso al cual están sometidos todos los programas complementarios en Guatemala; o ya hicieron los cambios o los están haciendo, y quien no lo hizo, colapsó”.

Revisar sistemas. Verónica Spross, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, aseguró que hay problemas estructurales serios que causan la insuficiencia financiera, por lo que se requiere revisar el sistema de previsión social.

Mencionó el caso de las clases pasivas del Estado o entidades descentralizadas, “donde existen sistemas quebrados, que de alguna forma están consumiendo recurso de los impuestos”.

María Castro, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, dijo que el IGSS se creó para una cobertura universal, lo cual no es posible porque cerca del 70% de la Población Económicamente Activa trabaja en la informalidad.

En su opinión no deberían existir regímenes especiales de pensiones o previsión social porque por montos pequeños de cuotas les da privilegios a los trabajadores, pero, ante la realidad, es necesaria la creación de una entidad que los regule para evitar la quiebra.

Alcira Tobar, jefa de la Defensoría del Adulto Mayor de la Procuraduría de los Derechos Humanos, señaló que la preocupación es más grande, porque de 900 mil adultos mayores, solo el 12% tiene jubilación o pensión, y si lo programas quiebran, entonces habrá más personas vulnerables.