Según Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, luego de analizar de manera minuciosa el dictamen de presupuesto aprobado por la Comisión legislativa de Finanzas, detectó 72 ONG de las que se desconoce su función.
Aunque en el presupuesto para el próximo año se agrega una norma en la que se prohíbe el uso de organizaciones no gubernamentales (ONG), diputados denunciaron que en ese proyecto se incluyeron unas 72 instancias que restarían unos Q300 millones (US$37,7M) a los gastos del Estado.
Según Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, luego de analizar de manera minuciosa el dictamen de presupuesto aprobado por la Comisión legislativa de Finanzas, detectó 72 ONG de las que se desconoce su función.
“Aparecieron de manera repentina, por lo que se solicitó que se revisara”, afirmó la parlamentaria.
Como “ONG patito” calificó el diputado Juan Manuel Giordano, de la Bancada Guatemala, a las entidades que fueron incluidas en el presupuesto, y aseguró que se buscará a “toda costa” que sean eliminadas.
Entre las ONG que se rechazan aparece la Coordinadora Nacional del Transporte Urbano Departamental, a la que se le otorgan Q50 millones, así como a una de conservación de los recursos naturales y ambientales, con Q17.4 millones; la Asociación Centro Don Bosco, con Q15 millones, y la de Centros Educativos Mayas, con Q9.9 millones, entre otras.
Manuel Barquín, diputado de la Gran Alianza Nacional, salió en defensa, al asegurar que no todas las ONG deben ser rechazadas pues algunas, como la Unidad de Cirugía Cardiovascular (Unicar), brindan un servicio que el Estado no puede cumplir.
Rechazo. El presidente del Congreso, Roberto Alejos, indicó que la lista de ONG es revisada, pero “solo habrá fondos para las reconocidas y las que trabajan con salud y educación”.
Según Giordano, se solicitó que los recursos de las ONG se destinen al Ministerio de Comunicaciones para abonar a la deuda flotante y al Ministerio Público, para mejorar la justicia.
Alejos dijo que también se incluirá una enmienda para modificar el artículo que prohibirá el uso de ONG en la ejecución de obra gris; lo cual es rechazado por varios diputados, al considerar que estas se utilizan para beneficiar a algunas personas.
“La mayoría de estas cobra hasta 5% de comisión, y solo subcontratan a otras ONG para que elaboren obra que luego es inservible”, aseguró Montenegro.
Piden recursos. La Asociación Nacional de Municipalidades exigió ayer al Congreso que se amplíe en Q555 millones el actual presupuesto.
Según Alberto Reyes, representante de los alcaldes, el Estado ha recaudado más en impuestos de lo previsto, y por ley les corresponden más fondos, pero el Ministerio de Finanzas solo puede otorgarles Q555 millones, si se amplía el techo presupuestario.
Solicitaron a los diputados aprobar una iniciativa de urgencia nacional.
