En España, la Iglesia no paga el impuesto de propiedades urbanas por sus lugares de culto, residencias de sacerdotes y monjas o seminarios, una exención fiscal que fue extendida a escuelas, clínicas y edificios que utiliza para fines sociales por la Ley de Mecenazgo de 2002.

Madrid. Con el país en el ojo del huracán de la crisis financiera, hundido en su segunda recesión en tres años y con uno de cada cuatro trabajadores en el paro, la propuesta del Partido Socialista de que la Iglesia católica pague más impuestos sobre sus propiedades ha desatado un debate en España.

Amparada por el Concordato firmado con el Vaticano en 1979, la Iglesia no paga el impuesto de propiedades urbanas por sus lugares de culto, residencias de sacerdotes y monjas o seminarios, una exención fiscal que fue extendida a escuelas, clínicas y edificios que utiliza para fines sociales por la Ley de Mecenazgo de 2002, que también incluyó a otras confesiones religiosas y entidades sin ánimo de lucro.

"No se trata de ir contra nadie, se trata de que todo el mundo haga un esfuerzo, y la Iglesia, también", dijo Óscar López, número dos del PSOE, que va a presentar mociones en todos los ayuntamientos para que cobren el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia en todos los casos permitidos.

Una encuesta publicada esta semana en el diario El País mostró que 80% de los españoles está a favor de acabar con esta exención fiscal, incluso 61% de los votantes del Partido Popular y 45% de los que se considera católicos practicantes.

La propuesta tendría pocas consecuencias económicas y casi nulas posibilidades de salir adelante, ya que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha mostrado su rechazo, pero tiene un peso simbólico muy importante en un país en el que 71,4% de la población aún se declara católico y donde la Iglesia sigue teniendo un gran peso como institución.

"Muchos pueden pensar 'por qué si yo lo paso mal y tengo que pagar más, esta institución que no lo pasa mal tiene que pagar menos que yo'", dijo a Reuters Santiago Sánchez Guíu, coordinador de Economía del Instituto Flores de Lemus, de la Universidad Carlos III de Madrid.

Partidos como Izquierda Unida y asociaciones como Europa Laica piden que se acabe con los llamados "privilegios sociales y económicos" de la Iglesia, que pague más impuestos y se elimine su financiación mediante el impuesto sobre la renta, mientras muchos ciudadanos afectados por las medidas de austeridad y el paro muestran un profundo malestar hacia cualquier percepción de un beneficio económico injusto.

Dispuesta a pagar, pero no sola. La Conferencia Episcopal Española rechaza que disfrute de privilegios, y recuerda que son muchas las organizaciones que se benefician de esta misma exención, como partidos políticos, sindicatos, entidades culturales y deportivas, además de las otras religiones.

"Si hay que pagar, se pagará", dijo el cardenal Antonio Rouco Varela, presidente de los obispos españoles, pero añadió que ello podría tener consecuencias sobre la financiación de la ONG católica Caritas, uno de los pilares de la atención social en España.

La Iglesia destaca el dinero que ahorra al Estado a través de sus escuelas, el enorme patrimonio cultural que tiene que proteger y remarca que no recibe nada de los presupuestos públicos, sino de las aportaciones voluntarias en el impuesto sobre la renta - 248 millones de euros el año pasado.

El ministerio de Economía no proporciona un dato de lo que recaudan los ayuntamientos con el IBI, y es difícil hacer un cálculo de lo que podría tener que pagar la Iglesia. El diario El Mundo dio un dato de cinco millones de euros - un 0,01 del déficit público previsto en 2012 -, pero el profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo Juan Ignacio Gorospe Oviedo da esa misma cifra solo en Madrid.

El PSOE lo que propone es extender el pago del IBI a las propiedades de la Iglesia por las que percibe un rendimiento económico, como aparcamientos o pisos alquilados. La Ley del Mecenazgo ya permite esa posibilidad, pero los socialistas argumentan que son pocos los ayuntamientos que la aplican.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha discutido el oportunismo de la propuesta.

"Si usted quería que la Iglesia Católica pagara el IBI, haberlo hecho, estuvo en el gobierno 20 años", dijo esta semana en una rueda de prensa, en referencia a todos los años en el poder del PSOE.

"Esto se debe a lo que está pasando en España, ¿eso va a ser la solución del problema de los ingresos públicos de las administraciones?"

Izquierda Unida comparte este escepticismo y lamenta que durante los siete años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero los socialistas rechazaran numerosas proposiciones parlamentarias similares.