Por su parte, el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, dice que se hizo todo lo posible por recortar los gastos diferentes a inversión.
Luego de que el Gobierno decidiera, por cuenta del déficit fiscal que asciende a $30 billones, recortar $6 billones del presupuesto nacional de este año, este diario conoció el decreto 378 de marzo de 2016, que detalla peso a peso qué rubros pasaron por el filo de la tijera. La conclusión: $3 billones salieron de inversión, $2,5 billones de funcionamiento y $0,5 billones del servicio de la deuda nacional. Así lo ratificó el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar.
Y aunque la diferencia entre las dos primeras partidas es solo de $0,5 billones, en la mayoría de ministerios y departamentos administrativos el recorte fue más intenso en los programas y proyectos de inversión que en la burocracia. Por ejemplo, mientras al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) –que está en proceso de liquidación– le recortaron cerca de $100.000 millones, más de $90.000 millones fueron suprimidos de la inversión y el resto del rubro de funcionamiento.
La misma tijera también pasó por el Ministerio de Salud y el de Vivienda. Al primero, de los $93.000 millones que le recortaron, $54.000 millones salieron de inversión y $39.000 millones del funcionamiento de la entidad. Mientras que en vivienda fue más rudo el tijeretazo: todos los $101.000 millones que le quitaron salieron de inversión.
A pesar de esto, el jefe de esa cartera, Luis Felipe Henao, advirtió antes de conocerse el decreto, que “la vivienda de interés social no se verá afectada porque es uno de los programas que más está generando empleo”.
Por su parte, el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, dice que se hizo todo lo posible por recortar los gastos diferentes a inversión: congelamiento de la nómina estatal (no puede aumentar el número de empleados), ajustes en gastos generales y ajustes en transferencias. “No obstante, después de todo ese esfuerzo no llegamos a los $6 billones. Por eso fue necesario afectar el presupuesto de inversión, aunque se protegieron programas sociales prioritarios y los programas que ya cuentan con vigencias futuras”.
No obstante esto, la gráfica también muestra que, por ejemplo, de los $79.000 millones que le cortaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), $77.000 millones salieron de inversión. O, en el caso del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), de los $131.000 millones suprimidos, $128.000 fueron de inversión.
¿Cuál es la explicación a esto? Para el decano de economía de la Escuela de Ingenieros, Eduardo Sarmiento, eso significa que el grado de maniobra que tiene el Ejecutivo sobre la inversión es más grande, pues el gasto de funcionamiento está representado generalmente en nómina de trabajadores, por lo que el presupuesto final de este año es la continuación del dinero que venía gastando el Gobierno el año pasado en trabajadores.
Por eso, el aplazamiento de $6 billones o concretamente el recorte, que en economía significan lo mismo, dice Sarmiento, “no se podía concentrar únicamente en el rubro de funcionamiento, de tal manera que la damnificada fue la inversión, incluso más de lo que el Gobierno había dicho públicamente”.
Con esta decisión definitiva del Gobierno, ¿cuáles serán los impactos para la economía del país?
Sarmiento advierte que “esos recortes basados en la inversión son tremendamente contractivos y dañinos. Esa política va a tener efectos muy fuertes sobre la economía y va a llevar a la caída de la producción y el empleo. Obviamente si usted recorta el gasto de inversión va a tener menos actividad productiva, menos empleo, de suerte que las tendencias declinantes de la economía van a ser cada vez más fuertes”.
Pero, dice el viceministro Escobar, el Gobierno no tenía otra opción: “El recorte de $6 billones era necesario para cumplir con la meta de déficit de 3,6% del PIB”.
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