La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que una extensión por seis meses del congelamiento del servicio de la deuda acordado por el G-20 la semana pasada ayudaría, pero afirmó que era necesario tomar medidas más urgentes.
Washington. La directora del Fondo Monetario Internacional pidió este domingo que se tomen medidas importantes para abordar la carga de deuda cada vez más insostenible para algunos países, e instó a los acreedores y deudores a comenzar los procesos de reestructuración más temprano que tarde.
En un evento en línea organizado por el grupo G-30 de expolíticos y académicos, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que una extensión por seis meses del congelamiento del servicio de la deuda acordado por el G-20 la semana pasada ayudaría, pero afirmó que era necesario tomar medidas más urgentes.
"Estamos ganando algo de tiempo, pero tenemos que enfrentar la realidad de que tenemos acciones mucho más decisivas por delante", dijo, instando a acreedores y deudores a comenzar a reestructurar sin demora las deudas de países con niveles de endeudamiento insostenibles.
"Hacer muy poco y demasiado tarde es costoso para los deudores, costoso también para los acreedores", aseveró, advirtiendo que los niveles de deuda global alcanzarían el 100% del Producto Interno Bruto en 2021 y que el impacto negativo de los moratorias soberanas podría extenderse rápidamente.
Afirmó que los acreedores deberían adoptar disposiciones contractuales para minimizar la perturbación económica, aumentar la transparencia y respaldar un marco de trabajo común acordado en principio por el G-20 la semana pasada.
Los comentarios de Georgieva se producen en medio de una creciente preocupación por los fuertes aumentos en los niveles de deuda, especialmente entre los países de bajos y medianos ingresos afectados por el coronavirus, una caída del turismo y, en algunos casos, la caída de los precios del petróleo.
La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G-20 ha ayudado a 44 países a aplazar unos US$5.000 millones para gastar en mitigar la crisis de COVID-19, pero su eficacia se ha visto limitada por la ausencia de acreedores privados y la incapacidad de China de incluir a todas las instituciones estatales.
Muchos países más pobres se han mostrado reacios a pedir un congelamiento en los pagos de bonos soberanos, preocupados de que el hacerlo podría dañar su capacidad para pedir dinero prestado en el futuro.