Según el IC3 Internet Complaint Center del FBI, en el segundo semestre de 2014 un total de 8.910 personas reportaron robo de identidad en los Estados Unidos y sus pérdidas ascendieron a US$32,8 millones.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cerca de US$870.000 millones se lavan en el mundo al año. De estos, US$250.000 millones se originan en tráfico de drogas, US$32.000 en trata de personas, US$320.000 en corrupción, US$250.000 en tráfico de armas y US$32.000 en otros delitos. Sin duda, este es uno de los retos que tiene la banca latinoamericana y fue uno de los puntos tratados en la cuarta edición de la Conferencia Regional Latinoamericana, que comenzó en Bogotá organizada por la cooperativa de servicios de información financiera Swift.

El director ejecutivo de Swift para las Américas, Reino Unido, Irlanda y Países Nórdicos, Javier Pérez-Tasso, mencionó en conversación que la firma adelanta diferentes productos en Colombia que previenen este tipo de fraudes. “En el área normativa nos estamos focalizando en el apoyo a las entidades financieras en prevención de delitos financieros y lo estamos haciendo con productos en la nube que les permiten a las entidades financieras hacer un escaneo de las transacciones antes de enviarlas y también estamos trabajando en la tecnología de sanciones internas”.

Pérez agregó que su nuevo sistema incorpora la evaluación horizontal o “entre pares” a su sistema de filtrado de sanciones que ayuda a las entidades financieras a optimizar el rendimiento de su gestión de transacciones y análisis de clientes, con el objetivo de proveer al sector de las herramientas adecuadas en el ámbito de los servicios de cumplimiento contra los delitos financieros.

Según el IC3 Internet Complaint Center del FBI, en el segundo semestre de 2014 un total de 8.910 personas reportaron robo de identidad en los Estados Unidos y sus pérdidas ascendieron a US$32,8 millones. La entidad norteamericana revela que Colombia se ubica en el puesto 31 a nivel global en el ránking de países con quejas reportadas al IC3, con 162 casos entre julio y diciembre de 2014 y fraudes que sumaron 699.829 dólares.

Para Daniel Castellanos, experto de la banca local, las medidas para combatir los delitos financieros en Colombia han venido directamente de las entidades, aunque resalta que existen regulaciones importantes que han aportado a disminuir los fraudes. “Un norma obliga a que las tarjetas débito y crédito en el país tengan chip y no banda magnética, esto es un paso importante porque eleva todos los aspectos de seguridad”, dijo Castellanos, agregando que aunque existen analistas que consideran que hace falta más regulación financiera, “los bancos están reaccionando bien por cuenta propia para prevenir los ciberdelitos”.

El director ejecutivo de Swift para las Américas manifestó que el crimen financiero es una amenaza para la seguridad económica y social de un país, por lo que una coordinación eficiente a nivel nacional es imprescindible y destacó que en Colombia existe un nivel de colaboración entre los sectores al considerar un buen diálogo entre el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Superintendencia Financiera y los sectores gremiales, lo cual demuestra una solidez de los elementos estructurales, que son tan importantes para la estabilidad de un sistema financiero.

Otro frente de trabajo clave para Swift tiene que ver con el cumplimiento. Según Pérez-Tasso, “teniendo en cuenta que las regulaciones son cada vez más estrictas en lo que tiene que ver con seguridad bancaria, la firma ha desarrollado un portafolio especializado de servicios que permite a los bancos implementar los estándares globales de seguridad para blindar sus actividades de prácticas como el lavado de activos y otros delitos financieros”.

De acuerdo con el Centro Cibernético de la Policía, durante el año pasado y el primer semestre de 2015 se han registrado 12.923 denuncias sobre violación de la ley sobre la protección de la información y de los datos y el 11 % de estas denuncias están ligadas al robo de identidad, un método usado por los ciberdelincuentes para tramitar créditos, hacer compras de electrodomésticos con tarjetas de crédito en almacenes de cadena y hasta adquirir planes de telefonía celular y paquetes de vacaciones.