La iniciativa partió de los países en desarrollo y emergentes que forman el grupo G77 más China y obtuvo un apoyo mayoritario (124 votos a favor, once en contra y 41 abstenciones), aunque se encontró con la oposición de varias de las grandes potencias económicas mundiales.

Espoleada por el conflicto entre Argentina y los fondos especulativos, la Asamblea General de la ONU aprobó este martes una resolución para impulsar un marco legal internacional que regule los procesos de reestructuración de deuda soberana.

"Los pueblos del mundo hemos hablado y decidimos que es hora de comenzar a trazar conjuntamente el camino ético, político y jurídico capaz de ponerle freno a la especulación desenfrenada", señaló el canciller argentino, Héctor Timerman, tras la votación.

La iniciativa partió de los países en desarrollo y emergentes que forman el grupo G77 más China y obtuvo un apoyo mayoritario (124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones), aunque se encontró con la oposición de varias de las grandes potencias económicas mundiales, caso de Estados Unidos, Japón y varios países de la Unión Europea (UE).

La resolución apuesta por convertir en una prioridad para los próximos meses la adopción de "un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana" y señala que ya antes de fin de año deberían estar definidas las modalidades de negociación intergubernamental para ello.

El objetivo es, según el texto, mejorar la "eficiencia" y "estabilidad" del sistema financiero internacional y permitir un crecimiento económico sostenido, incluyente y equitativo".

La resolución, según Timerman, es "el fiel reflejo de la relevancia y la urgencia que la clara mayoría de las naciones del mundo le asignan a una realidad que nos encuentra desprotegidos ante el uso y abuso que hacen los especuladores", que, según subrayó, se aprovechan precisamente de la ausencia de un marco internacional.

El canciller argentino recordó que su país está sufriendo hoy las consecuencias del problema y defendió la necesidad de "cambiar el futuro y prevenir que más pueblos sigan pagando eternamente con hambre y con miseria los desorbitantes privilegios de los dueños de los fondos buitres, esos siniestros señores de la opulencia".

Su discurso fue respaldado por los representantes de una gran mayoría de estados, que subrayaron la necesidad de actuar para garantizar a todos los países la posibilidad de un crecimiento económico duradero.

Del otro lado, el más contundente en contra de la propuesta fue Estados Unidos, que advirtió que la creación del mecanismo que pide la resolución crearía "incertidumbre en los mercados financieros" y podría cortar o dificultar las vías de financiación para los países.

Washington defendió además que la ONU no es el foro adecuado para esta discusión, un argumento que también utilizaron otros países como Italia, que habló en nombre de la Unión Europea (UE) y criticó además la, a su juicio, excesiva urgencia con la que se ha planteado el texto.

El embajador de Bolivia ante Naciones Unidas y presidente de turno del G77 más China, Sacha Llorenti, respondió en conferencia de prensa a ambas críticas, señalando que la Asamblea General el es "lugar más legítimo" para abordar la cuestión y que, más que de forma prematura, la resolución llega "demasiado tarde".

Tanto Llorenti como el canciller argentino subrayaron su voluntad de diálogo en la preparación de la futura convención, en especial con aquellos países que hoy se pronunciaron en contra.

Timerman avanzó que el Gobierno de su país está trabajando ya para presentar al G77 una propuesta de marco jurídico, que luego será negociada con el resto de miembros de la ONU con vistas a su aprobación en el plazo de un año.

"Creemos que tal vez con más tiempo (...), con más intercambio de ideas, podamos llegar a un consenso y que ellos participen de la redacción de esta convención", dijo el canciller en una conferencia de prensa.