Muchos trabajadores prefieren no hablar sobre su situación laboral cuando se les consulta y huyen de las fotografías. Más aún si su empleador incumple derechos constitucionales como el aseguramiento social. Los trabajadores temen perder su único modo de subsistencia por reclamar.

Temor, recelo y desconfianza. Hablar del cumplimiento de derechos laborales está casi vedado en zonas comerciales, en sembríos o en medio de actividades pesqueras.

Algunos de los que trabajan en estos sectores prefieren no hablar sobre su situación laboral cuando se les consulta y huyen de las fotografías. Más aún si su empleador incumple derechos constitucionales como el aseguramiento social. Los trabajadores temen perder su único modo de subsistencia por reclamar.

Plazas, malecones, portales y zaguanes son algunos de los escenarios en los que cientos de desocupados o subempleados se concentran en ciudades como Guayaquil, Machala, Ambato y Cuenca. Ello se evidenció en un recorrido que El Universo realizó durante esta semana en estas ciudades.

Se trata de hombres y mujeres con edades que oscilan entre 15 y 65 años. Ellos buscan, sin éxito, un trabajo formal y estable o “algún” oficio para subsistir.

Entre los subocupados está Vicente Rogel, de 32 años, un lojano que vive desde hace dos décadas y media en Machala (El Oro). “Soy bartender y también preparo cocina internacional, pero ahora trabajo vendiendo aguas, jugos, colas, energizantes en las afueras del hospital móvil de Machala y en todo evento que se dé, en reinados, ferias, conciertos”, comenta.

Él tuvo trabajo fijo en restaurantes, bares, hoteles, pero el sueldo no cubría sus expectativas, por lo que decidió convertirse en comerciante informal.

Dice que las propuestas laborales de los últimos dos años no incluían como beneficio la afiliación al Seguro Social.

Esta desprotección se denota en los aún altos niveles de subocupación que se registran en el país, según coinciden analistas consultados a propósito del Día Mundial del Trabajador, que se celebra este martes.

Según las proyecciones de la última encuesta trimestral que este mes publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el número de subocupados fue de 2’036.228 en el primer trimestre. Ello representa el 43,9% de la Población Económicamente Activa (PEA), calculada en 4’637.828 personas.

Entre los subocupados están quienes “trabajaron o tuvieron un empleo durante un periodo de referencia considerado, pero estaban dispuestos y disponibles para modificar su situación laboral a fin de aumentar la duración o la productividad de su trabajo”, según el INEC.

A esta cantidad se suman los desempleados que cubrieron el 4,9% de la PEA durante el primer trimestre pasado. Este porcentaje representó a 226.546 personas. La subocupación y el desempleo, en conjunto, cubrieron el 48,8% de la PEA.

Mientras que el 49,9% restante se consideró dentro del rubro de ocupación plena. Es decir, personas de diez años de edad en adelante, que tienen un trabajo que les deja ingresos superiores al salario unificado. De estos, que suman 2’314.594, el 40,9% no cuenta con afiliación al Seguro Social, según el INEC. Ello evidencia que la calidad del empleo aún es precaria, según Richard Martínez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Productividad.

“Un modelo sustentado en la inversión pública es riesgoso. El mercado laboral aún es ineficiente por las altas tasas de subempleo, lo que afecta a la calidad de vida”, refiere Martínez, quien pide transparentar el proceso para determinar la tasa oficial de desempleo en el país.

Él se refiere a los parámetros que el INEC aplica desde el 2007 para establecer la Población Económicamente Inactiva (PEI) y la PEA. La entidad estatal incluye en la PEI a quienes tienen edad para trabajar ¬es decir entre 10 y 65 años¬ pero que no ejercen presión sobre el mercado laboral porque se dedican a estudiar, son amas de casa o, simplemente, ya perdieron la expectativa de encontrar un empleo, por lo que desistieron en su búsqueda al menos un mes antes de la encuesta.

En el primer trimestre de este año, la PEI fue de 3’477.238. Justamente, la variación de la PEA, que según los cálculos del INEC ha llegado incluso a reducirse en algunos periodos en comparación con trimestres anteriores, también influye en los resultados de las estadísticas oficiales, según estudios de la Cámara de Industrias de Guayaquil.

“La PEA estimada para el primer trimestre del 2012 es casi igual a la PEA de igual periodo del 2010”, se menciona en uno de estos análisis titulado ‘Nota técnica sobre estadísticas laborales’, del gremio empresarial.

En el documento se indica que en el primer trimestre del 2010, el INEC estimó una PEA de 4’601.165 personas. Mientras que en el primer trimestre del 2012 se registraron 4’637.828 personas. “Es decir que la variación interperiodos (dos años) fue de 36.663 personas”.

Estas mínimas alteraciones de la PEA no van acorde con el incremento de la población en edad de trabajar, que ha aumentado a una tasa anual del 2,8%, según se señala en el ‘Balance de los primeros cuatro años del Gobierno de la Revolución Ciudadana’, un estudio que presentó la Cámara de Industrias y Producción en marzo del 2011.

En este documento se calcula, además, que “pese a la recuperación observada en el 2010, en los cuatro primeros años del Gobierno (actual) se perdieron 54.922 empleos”. Esto basado en un cálculo promedio anual de la cantidad de desempleados que proyectó el mismo INEC.

Este Diario conversó con profesionales, técnicos, artesanos, comerciantes y vendedores ambulantes para indagar las razones de por qué no tenían un trabajo formal en el sector privado o público. Las respuestas de unos 30 entrevistados, entre Guayaquil y Machala, eran similares: “No hay puestos disponibles”, “no quieren pagar todos los beneficios”, “el sueldo es el básico”, entre otras razones.

Ellos dicen que sobreviven realizando varios oficios en una misma semana. Así a estas personas no se las considera como “desempleadas”. Sin embargo, sus derechos no están debidamente garantizados. Por ejemplo, no reciben beneficios económicos como los decimotercero (por Navidad) y cuarto sueldos (por temporada escolar), garantizados en la Constitución y en el Código de Trabajo.

Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el número de afiliados activos llegó a 2.465.262 en marzo pasado. Esa cantidad representó el 53,15% de la PEA proyectada por el INEC en ese mismo mes. Con lo que el 46,85% no tendría acceso al Seguro Social.

El problema del subempleo y la falta de aseguramiento social se evidencia en las calles de Machala y Guayaquil.

Ambas ciudades reportaron las más altas tasas de desempleo en el primer trimestre de este año, según el INEC. Así, Guayaquil tiene el 6,25%; seguido de Machala, con el 5,82%; Cuenca, con el 4,66%; Ambato, con el 4,33%; y Quito, con el 3,67%.

El INEC solo exhibe los resultados de esas cinco urbes porque, según sus funcionarios, en estos poblados se encuesta a una muestra significativa.

El incumplimiento de los deberes laborales por parte de los empleadores, la falta de control de las autoridades y la ausencia de denuncias formales por parte de los afectados influye para que el mercado laboral no salga de la precariedad, según coinciden dirigentes sindicalistas entrevistados como Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

Él agrega que el mecanismo de contratación que aplica el Gobierno es un modelo similar a la tercerización, ya que no ofrece estabilidad a los servidores públicos. Esto pese a que “la tercerización o intermediación laboral y cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo” fueron eliminadas según el art. 1 del mandato aprobado por la Asamblea Constituyente el 30 de abril del 2008.

“Son contratos de hasta un año. Tener empleo es tener seguridad y eso aquí no hay. Por el contrario, existe el Decreto Ejecutivo 813 con el que se compran renuncias obligatorias. Van como diez mil que han salido del sector público, y lo más grave es que no tenemos información clara y veraz”, dice Tatamuez.

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Relaciones Laborales no entregó la información sobre el número de trabajadores del sector público y cuántos están con nombramiento y por contratos. El IESS tampoco informó sobre la mora patronal, que es la deuda que mantienen los empleadores.

El dirigente sindicalista Juan Vareles cree que la contratación sin dar nombramientos es una de las formas de mantener sometidos a los servidores públicos. Él agrega que la subocupación afecta a este sector.

Ese es el caso del jornalero de un Ministerio que fue contratado en Cuenca por seis meses. El obrero, que trabaja en el mantenimiento de vías, afirma que su contrato está a punto de fenecer sin percibir Seguro Social. Mientras que un sargento de reserva del Ejército vende artículos de cocina en la calle en sus tiempos libres para completar el monto que necesita para subsistir. Ambos prefieren omitir sus nombres por temor.

En Ambato, los patronos llegan a acuerdos con algunos obreros para frenar su afiliación al Seguro, según el sindicalista Cristóbal Reyes. Este criterio es confirmado por el director de la Cámara de Comercio de Ambato, Mario Sánchez. “Hay casos en que por la necesidad, el trabajador llega a un acuerdo con el empleador para recibir menos que el básico”, dice.

Este Diario realizó sondeos en Guayaquil, Machala y Ambato. En esta última ciudad, el 12% de los cincuenta entrevistados dijo estar desempleado; el 36% labora en el sector privado; el 40% en el comercio; y el 12% en el área pública.

Mientras que de los 126 consultados en Guayaquil y Machala, 79 respondieron que buscan un nuevo empleo para mejorar sus ingresos como una de las principales razones, frente a 47 que dicen no buscarlo.

Lo que sucede en los restaurantes de Puerto Bolívar, en Machala, es una muestra de la inconformidad existente. Allí los empleados no están afiliados. Por su trabajo reciben pagos de $ 10 diarios o $ 70 semanales.

Lo mismo acontece en el sector agropecuario, camaronero y de pesca de El Oro y Guayas. En ambas provincias, los jornaleros perciben entre $ 50 y $ 80 por semana, sin afiliación.

Estos jornaleros, que prefieren la reserva de sus nombres, concuerdan en que los inspectores del Ministerio de Relaciones Laborales ni se aparecen por las zonas rurales.

En Guayaquil, el panorama es similar. La informalidad laboral queda en evidencia en el sector de la Bahía, en el centro de esta ciudad, donde la mayoría de vendedores y cargadores de mercadería tampoco están afiliados al Seguro Social.