La directora del FMI, Christine Lagarde, que podría ser condenada a hasta un año de cárcel y 15.000 euros de multa, afirmó que "nadie de los que han trabajado" con ella puede reconocerla cómo se la presenta ahora.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, se mostró este lunes (12.12.2016) indignada por las alegaciones que la han llevado a sentarse en el banquillo de la Corte de Justicia de la República (CJR) francesa, en particular por la agresividad del tono del acta de acusación.

"Quiero demostrar que no soy para nada responsable de una negligencia" y "actué sólo por el interés general", señaló en la apertura del juicio en el que se tratará de determinar su eventual responsabilidad penal por la gestión del contencioso entre el Estado francés y el empresario Bernard Tapie en 2007-2008, cuando era ministra de Finanzas de Francia.

Lagarde indicó que hace un mes pidió al FMI que levantara su inmunidad diplomática para poder explicarse ante el CJR, la única instancia habilitada en Francia para juzgar a miembros del Gobierno por el ejercicio de sus funciones.

De este modo denunció las "calumnias" que se han publicado sobre ella durante la instrucción y cargó contra ésta y en particular contra su última fase, el acta de acusación.
Además dijo que le habían chocado "profundamente la agresividad del tono" y sus conclusiones, en concreto por "la teoría del complot imaginario" y "el menosprecio de la separación de poderes".

Posible pena de cárcel. Lagarde, que podría ser condenada a hasta un año de cárcel y 15.000 euros de multa, afirmó que "nadie de los que han trabajado" con ella, como abogada de negocios, en el Gobierno francés y desde 2011 al frente del FMI, puede reconocerla cómo se la presenta en ese acta.

Antes de responder a las preguntas sobre el fondo del asunto, avanzó que iba a demostrar "punto por punto" que no había sido negligente en la gestión de la indemnización a Tapie.
La causa de este juicio está en la demanda planteada ante la CJR por once parlamentarios socialistas en 2011, que consideraron que hubo una voluntad manifiesta de favorecer a ese empresario, del que era pública la amistad con el presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy.

Cuando se desempeñaba como ministra de Sarkozy, Lagarde decretó un arbitraje para solventar el contencioso por la venta de Adidas en 1994 al banco Crédit Lyonnais, en aquel momento de titularidad pública. Por esta razón, el Estado francés tuvo que indemnizar al empresario con 404 millones de euros, con el argumento de que Crédit Lyonnais había conseguido una plusvalía exagerada gracias a Adidas. Sin embargo, la Corte de Casación acabó anulando dicho arbitraje.