La discusión en el Senado sobre la propuesta de pago a los fondos buitre mostró, por un lado, el aval de las cámaras empresarias, del sector bursátil y del campo, mientras que las centrales sindicales alternaron apoyos y rechazos.
Buenos Aires. Representantes de cámaras empresarias, del sector bursátil, de la Sociedad Rural y dirigentes gremiales de la CGT y de la CTA fijaron hoy su posición ante un plenario de comisiones del Senado, donde se discute la propuesta que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y autoriza a la emisión de deuda por 12.500 millones de dólares para cerrar el litigio con los fondos buitre.
A favor de la iniciativa impulsada por el gobierno de Mauricio Macri se anotaron la Cámara Argentina de la Construcción, la Bolsa de Comercio, el Merval, la Caja de Valores, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), la Came, el Instituto Argentino de Finanzas (Iaef), la Sociedad Rural Argentina y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
En la vereda opuesta, aunque con matices, se ubicaron la CGT Azopardo, la CGT Alsina y la CGT Azul y Blanca, que exigieron participación en la comisión bicameral de seguimiento del pago de la deuda, y la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que advirtió que el acuerdo con los holdouts deja al país en riesgo de "futuros litigios.
"La economía necesita financiar el déficit y es imprescindible conseguir financiamiento para obras de infraestructura", declaró Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción, en línea con lo que postuló también Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio, en cuanto a la necesidad de que el país se saque "de encima a estos acreedores incómodos".
Claudio Pérez Moore, presidente del Merval, se pronunció a favor de cerrar el litigio con los fondos buitre porque eso favorecerá el "ingreso de capitales" y con una mirada similar se manifestaron Horacio Torres, titular de la Caja de Valores; el vicepresidente primero de ADEBA (Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino), Sergio Grinenco y Vicente Lourenzo, secretario de CAME.
Luis Miguel Etchevehere, de la Sociedad Rural Argentina, entendió que "está en juego" el trabajo de los productores y advirtió: "Es necesario cerrar este capítulo y conseguir este financiamiento, que no sólo va a ser utilizado por sectores productivos".
Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), abogó por un acuerdo para atraer inversiones para el sector agropecuario para que "el interior argentino pueda salir adelante".
Por su parte, la CGT Azopardo y la CGT Azul y Blanca pidieron al Senado participar de la comisión bicameral de seguimiento del pago a los fondos buitre y reclamaron que la cancelación de la deuda cierre la posibilidad de nuevos reclamos de parte de otros acreedores.
"No venimos a decir que la ley no hay que pagarla; estas deudas se asumen y se honran pero hay que encontrar la vuelta para solucionar una situación que hace que los trabajadores seamos los que vamos a terminar pagándolas", expresó el secretario general de Capacitación y Formación Profesional de la CGT Azopardo, Carlos Frigerio, en representación de Hugo Moyano.
En tanto, si bien el secretario de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), Ricardo Cirielli, consideró que "hay que darle un corte" al litigio, pero "que esto no signifique que se exceda este endeudamiento con ningún reclamo hacia adelante".
Cirielli, quien asistió en nombre de Luis Barrionuevo, lamentó "haber llegado a esta situación (con los fondos buitre) por la inoperancia del gobierno anterior" y reclamó a la administración de Macri "que no cargue sobre la espalda de los trabajadores el costo de todo este conflicto".
Aunque evitó dar su opinión sobre "si hay que pagar o no" a los holdouts, el secretario general de la CGT Alsina, Antonio Caló, exhortó al Senado a que "defienda a los trabajadores" en el debate del proyecto, ante la posibilidad de que se generen condiciones adversas para la producción local.
"Argentina hace mucho que viene pagando deudas externas que no son culpa de los trabajadores; espero que los abogados estén preparados para que sea lo menos doloroso para los argentinos; no digo si (la deuda) es legítima o no, pero yo he vivido muchas épocas en las que el país siempre perdió en estos malos negocios que hizo", reflexionó el titular de la UOM.
Con una posición más dura, los representantes de la CTA Autónoma, Julio Gambina y Jorge Cardelli, propusieron que Argentina "no pague" hasta saber cómo está constituido el monto que se adeuda a los acreedores externos y alertaron que la propuesta gubernamental "habilita una nueva hipoteca del pueblo argentino" y deja al país en riesgo de "futuros litigios".
En términos similares, los dirigentes de la CTA de los Trabajadores, Pedro Wasiejko y Eduardo Basualdo, también se opusieron a la iniciativa y consideraron "alejada de la realidad" la hipótesis que maneja el oficialismo en cuanto a que llegarán al país nuevas inversiones luego de la cancelación de la deuda.
Wasiejko, quien presentó las disculpas de Hugo Yasky, de viaje en Brasil, entendió que pagar alrededor de "15 mil millones de dólares" a los fondos buitre "compromete la situación económica del país en el mediano y largo plazo".
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Economía reanudará su debate el lunes próximo, a partir de las 12, para escuchar las opiniones de economistas.