El Gobierno de Mariano Rajoy ha insistido en numerosas ocasiones que la petición de ayuda no supondría la adopción de nuevos ajustes económicos porque el país ya está cumpliendo con las exigencias que se han marcado desde Bruselas.
Universia Knowledge Warthom. Primero fue Grecia, después llegó el turno de Irlanda y, posteriormente, Portugal se convirtió en el tercer país de la zona euro en necesitar un rescate. Hoy todas las miradas están puestas en España, que puede convertirse en el siguiente de esta lista. El mercado, analistas, economistas, prácticamente todo el mundo da por hecho que el Gobierno español pedirá ayuda a la Unión Europea (UE) para poder hacer frente a sus deudas. Sólo falta conocer cuándo lo hará.
El propio presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, confesó el pasado 26 de septiembre en un encuentro con el consejo editorial del Wall Street Journal que si los tipos de interés se mantienen "demasiado altos durante demasiado tiempo", pedirá "el rescate al cien por cien". En junio, ya hubo un rescate parcial con la concesión de una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para sanear la banca española. Sin embargo, las últimas declaraciones que han llegado desde las instituciones europeas han enfriado las expectativas de que la petición del rescate sea inminente. "España no necesita un programa de ayuda. España está haciendo todo lo necesario en materia de política fiscal y reformas estructurales", declaró el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, durante la cumbre del pasado 8 de octubre del Eurogrupo, organismo que coordina las estrategias y políticas económicas de la UE.
“Evidentemente, un rescate no es algo que se solicite si no hay otro remedio pero las opciones disponibles son las que hay y sólo son factibles con la participación de la Eurozona”, comenta Santiago Carbó Valverde, profesor de Economics and Finance de la Bangor Business School, en Reino Unido. Para este docente, “las consecuencias de solicitar un rescate para España son múltiples y dependen en buena medida de cómo se instrumente esa petición de ayuda”.
Carbó destaca que las circunstancias españolas y europeas en las que se está negociando la ayuda son diferentes a cuando se produjeron las peticiones anteriores de los otros países. “El contexto es, de por sí, único porque este posible rescate se está instrumentando en un marco más general de establecimiento de mecanismos de solidaridad financiera y unión bancaria, por un lado, y de control fiscal, por otro”. En este punto, él señala que el caso español puede diferenciarse bastante de los casos de Grecia, Irlanda o Portugal, “en la medida en que nace en el entorno de fijación de los cimientos de la unión bancaria europea y lo que se busca —como el propio Banco Central Europeo ha definido con su nuevo programa de compra de deuda soberana de países con dificultades de financiación, anunciado en septiembre— es la consecución simultánea de una reducción del riesgo-país al tiempo que el establecimiento de un programa de financiación y consolidación de las cuentas públicas creíble que restaure la confianza en España” explica.
Dinero disponible. La UE ha puesto ya oficialmente en marcha el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que es el fondo de rescate permanente de la zona euro, que aportará dinero a España cuando solicite la ayuda de forma oficial. Este instrumento cuenta con una capacidad de préstamo inicial de 200.000 millones de euros pero que aumentará hasta los 500.000 millones en los próximos 18 meses.
Lo que todavía está en el aire es cómo se articulará la ayuda del MEDE. La agencia de noticias Reuters publicó el pasado 4 de octubre que una de las opciones que se están barajando es que el nuevo fondo garantice entre el 20 y el 30% de cada nueva emisión española, un plan que reduciría el coste del rescate para los contribuyentes europeos, ya que sólo costaría unos 50.000 millones de euros al año, y permitiría a España cubrir por completo sus necesidades de financiación y al Banco Central Europeo (BCE) poner en marcha la compra de bonos españoles en el mercado secundario.
España tiene prácticamente cubiertas el 90% de las necesidades de financiación de 2012, según cifras del Tesoro. Para 2013, el país tiene unas necesidades brutas de emisión de deuda de 207.000 millones de euros, así que la opción de asegurar pérdidas por valor de 50.000 millones de euros le debería permitir captar con facilidad esa cantidad entre inversores privados.
Otra opción para el rescate es que el MEDE compre deuda española directamente en las subastas. Las normas del fondo le permiten adquirir hasta la mitad de cada emisión, dentro de un programa de asistencia. Además, dichas normas establecen que una línea preventiva de crédito debería estar entre el 2% y el 10% del PIB del país, lo que supone entre 20.000 y 100.000 millones de euros en el caso de España. El programa duraría un año y es renovable dos veces por seis meses cada vez.
Financiación más barata. Javier Andrés, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia, considera que la primera consecuencia que debería tener la petición de rescate para España es el abaratamiento de la financiación para el país. “Financieramente vendría muy bien al Estado y también a las empresas”, asegura. Al mismo tiempo, considera que si el BCE compra deuda en el mercado secundario “sería una señal muy fuerte para los inversores de que el euro no se va a romper y es irreversible, y de que hay compromiso para que así sea, lo que frenaría la importante salida de capitales que están sufriendo en estos momentos España y la Unión Europea”.
Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico y Director de Análisis Económico en del IE Bussines School, no espera que la petición de ayuda estigmatice a la economía española, aunque considera que eso dependería de cómo se plantee y explique a la opinión pública. Cree que podría estigmatizar al país “en la medida en que se identifique su petición de ayuda con la realizada por Grecia y Portugal”.
Pampillón cree que la mejor de las opciones para ayudar a España es que “el BCE compre deuda soberana en el mercado secundario, lo que rebajaría los intereses de los bonos y la prima de riesgo, y permitiría al país financiarse mucho más barato”. Y asegura que “con eso sería suficiente”. Pampillón no cree necesario que el MEDE adquiera bonos directamente en las subastas del Tesoro, por lo que ni siquiera baraja la posibilidad de que el país salga del mercado de deuda internacional, es decir, que tenga que dejar de emitir deuda unos años, como le ha ocurrido a Argentina desde el famoso corralito: “Europa no quiere que eso ocurra, entre otras cosas, porque no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias”.
Se elija la opción que se elija para ayudar a España, el país tendría que firmar un memorando de entendimiento con sus socios europeos, comprometiéndose a implementar medidas de austeridad y reformas económicas que garanticen sanear sus finanzas y asegurar el futuro crecimiento económico. Al mismo tiempo, tendría que aceptar la vigilancia internacional de su cumplimiento.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha insistido en numerosas ocasiones que la petición de ayuda no supondría la adopción de nuevos ajustes económicos porque el país ya está cumpliendo con las exigencias que se han marcado desde Bruselas. En el caso de que la Unión Europea le plantee a España la adopción de nuevas medidas, la situación para el Ejecutivo se complicaría todavía más desde el punto de vista político y social. Las protestas de los ciudadanos contra las medidas de austeridad llevadas a cabo se han sucedido en las últimas semanas. La más grave y de mayor repercusión se produjo el pasado 25 de septiembre. La manifestación, que se celebró en Madrid en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, terminó con el enfrentamiento entre policías y ciudadanos. El balance fue de más de 60 heridos, entre ellos 27 policías -según los servicios de urgencias-, y un total de 26 personas detenidas.
Sistema de pensiones y recortes en sanidad. Javier Andrés cree que el futuro económico de España dependerá de las condiciones de rescate que se pacten. “Desde el punto de vista fiscal hay muy poco margen de maniobra, además, nuevas subidas de impuestos a corto plazo serían muy negativas en la actual situación recesiva en la que se encuentra la actividad del país”, señala. Este docente cree que, por el contrario, sería “muy beneficioso” que desde Bruselas se exigieran reformas estructurales, porque ayudarían a establecer las bases del futuro crecimiento económico.
El profesor de la Universidad de Valencia cree que la UE podría pedir a España profundizar en la última reforma laboral, ya que es “manifiestamente mejorable”. Considera importante que se rompa de una vez por todas con la dicotomía que existe entre trabajadores de tiempo parcial y los indefinidos, y los niveles de sobre protección laboral de que disfrutan estos últimos frente a los primeros. También cree que Bruselas podría exigir que se adelante la aplicación de los cambios aprobados en el sistema de las pensiones, consistentes en elevar la edad de jubilación y ampliar los años para calcular las asignaciones. “Habría que adelantar y mucho esta reforma. Hay que conseguir que el gasto en pensiones se reduzca como mínimo un par de puntos porcentuales respecto al PIB, para lograr un importante ahorro en esta partida durante los próximos años”, señala. Pero la cosa no quedaría ahí. Andrés también espera que con el rescate se imponga un descenso en el gasto sanitario, un ajuste de las Administraciones Públicas y una reorganización del sistema impositivo.
Rafel Pampillón también da por hecho que se tendrán que negociar las exigencias del rescate, pero no cree que vayan más allá de las medidas que el Gobierno ya ha tomado y que eso suponga un cambio importante respecto a la situación actual. “Ya hace tiempo que el país ha dicho adiós a la soberanía económica. Los recientemente anunciados Presupuestos Generales de 2013 se han elaborado pactando con la llamada Troika (BCE, UE y FMI). No se toma ninguna decisión económica sin antes consultárselo”, afirma.
En su opinión, la ventaja que tiene España en estos momentos es que, después de las experiencias con los rescates de Grecia y Portugal, “la política de fuertes ajustes económicos ha sido denostada porque ha quedado demostrado que es un camino equivocado que conduce al país que se le impone a una fuerte recesión. Y lo que interesa es que la economía española crezca cuanto antes y vaya bien para que el resto de Europa también se expanda”.
Andrés prevé que si tras el rescate, “España entra en una espiral recesiva como la de Grecia y se demuestra que no se han solucionado sus problemas económicos ni de financiación, las dudas sobre el euro volverían a dispararse en el mercado, que pondría su punto de mira sobre el siguiente de la lista, Italia”.
En la misma línea, Santiago Carbó Valverde, opina que el triunfo o fracaso del rescate español provocará consecuencias muy importantes para Europa. “Al fin y al cabo, más allá de España o de Italia, o de otras economías periféricas, lo que está en juego es el futuro de la Eurozona. Y los resortes de apoyo que se fijen para el caso español pueden servir, asimismo, de soporte para economías como la transalpina y, eventualmente, como cortafuegos general que establezca una protección y cohesión verdaderamente común para la moneda única”. En definitiva, en su opinión, el rescate de España es “una prueba de fuego para el euro y debe ser entendido más como el comienzo de un conjunto ambicioso de mecanismos de apoyo y compromiso común que como un caso aislado”.
