EE.UU. ha gastado US$400.000M adicionales en seguridad, más US$1,3 billones en las guerras de Irak y Afganistán. Esto, sin contar el interés en la deuda bélica y la atención de salud a los veteranos, según el proyecto de investigación "Costs of War" de la Universidad Brown.
Nueva York. Los turistas van a Times Square en busca de las luces brillantes y los espectáculos de Broadway. Allí se encuentran con otro espectáculo: policías con cascos y ametralladoras vigilando la estación de metro pendientes de posibles agresores u hombres armados.
Diez años después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos ha alterado el equilibrio entre libertad y seguridad, transformando a una sociedad abierta e informal en otra siempre vigilante.
Los resultados son innegables. El país no ha sufrido otro ataque, aunque se ha estado a punto como ocurrió el 2010 en Times Square, cuando los explosivos de fabricación casera escondidos en el camión de un pakistaní-estadounidense fallaron al ser detonados.
¿Pero cuál ha sido el precio en libertades perdidas y dólares? Los defensores de las libertades civiles temen que la era de la vigilancia y la circunspección pueda volverse permanente.
Estados Unidos ha gastado US$400.000 millones adicionales en seguridad, más US$1,3 billones en las guerras de Irak y Afganistán sin contar el interés en la deuda bélica y la atención de salud a los veteranos, según el proyecto de investigación "Costs of War" del Instituto Watson de Estudios Internacionales, de la Universidad Brown.
El presidente y la policía tienen más poder, y se atribuyen más autoridad para inmiscuirse en las vidas privadas de los ciudadanos, con menos supervisión de los tribunales. La seguridad en los aeropuertos es mucho más minuciosa.
Después del 11 de septiembre, el gobierno estadounidense recurrió a dos polémicas estrategias ante las amenazas desde el extranjero: las llamadas entregas extraordinarias -transferencias ilegales de sospechosos extranjeros capturados a un tercer país para su detención e interrogatorio-, y el encarcelamiento de supuestos extremistas detenidos en el extranjero en la base militar estadounidense de la Bahía de Guantánamo, en Cuba.
"Diez años después, si todavía estamos con esta mentalidad de emergencia, es que es así como somos ahora. Esta es la nueva normalidad", dijo Susan Herman, presidenta de la Unión de Libertades Civiles Americanas.
"En algún momento, si no das marcha atrás en ese proceso, realmente te has trasladado a un estado orweliano", agregó.
Para muchos de los que recuerdan la pérdida masiva de vidas en esa mañana de martes de hace 10 años, la "nueva normalidad" ha servido bien al país.
"Para mí no hay duda de que ha merecido la pena", dijo el congresista Peter King, un republicano de Nueva York, presidente del Comité de la Cámara de Representantes sobre Seguridad Nacional.
"Acciones como la Ley Patriótica, las inspecciones en los aeropuertos, la seguridad aeroportuaria, todo eso es ciertamente mejor que gente quemándose hasta la muerte o teniendo que lanzarse desde edificios de 106 pisos", sostuvo King.
La Ley Patriótica, aprobada en octubre del 2001, amplió los poderes de vigilancia de las autoridades competentes.
Crecimiento de la industria de seguridad. La reacción al 11 de septiembre también creó una robusta industria de seguridad que ha beneficiado a compañías como OSI Systems, cuya unidad Rapiscan fabrica escáneres corporales para los aeropuertos.
Los ingresos anuales de OSI crecieron desde US$111 millones a US$623 millones en el 2008. Los analistas esperan ganancias en el rango de los US$700 millones para el 2012.
El negocio se está enfrentando a la oposición pública a los escáneres en los aeropuertos y espera más crecimiento potencial en máquinas que inspeccionen contenedores de carga o camiones de mercancías.
La invasión a la privacidad es más incómoda, especialmente para los musulmanes y la gente con raíces en Oriente Medio, que se enfrentan a la discriminación y se han visto atrapados en la red de seguridad.
"Es peor ahora de lo que era el 11 de septiembre del 2002", dijo Dawud Walid, responsable de la filial de Michigan del Consejo de las Relaciones Islámicas-Americana.
"No creo que las cosas vayan a ser muy diferentes en cinco o siete años", agregó.
Un destacado defensor de los derechos civiles culpa al actual presidente, Barack Obama, de aumentar el crecimiento del poder ejecutivo.
Jonathan Turley, profesor de la escuela de Derecho en la Universidad George Washington, describió a Obama como una "pesadilla" que traicionó a los defensores de derechos después de hacer campaña contra la estrategia de Bush.
"Es muy fácil abandonar las libertades civiles, pero es muy difícil recuperarlas", dijo Turley.
King no se mostró de acuerdo y expresó su confianza en que los tribunales protejan a los inocentes afectados por errores policiales.
"No veo ningún extremo en absoluto", opinó. "Mi preocupación es que la gente en el Gobierno no se lo tome lo bastante en serio e intente ser políticamente correcta", sostuvo.
Otras compañías como L-3 Communications Holdings, Verint Systems, FLIR Systems y American Science and Engineering también vieron un fuerte crecimiento, pero deben adaptarse a la reducción de gasto del Departamento de Seguridad Nacional debido a la crisis presupuestaria de Washington.
