La comisión de expertos considera que con recortes presupuestales el déficit alcanzaría los $12 billones que se lograrían con la reforma.

No han pasado dos meses después de que el país conociera la propuesta de reforma tributaria estructural, elaborada por una comisión de siete expertos, que se filtró a la prensa y que propone, entre otras cosas, incrementar el IVA del 16% al 19%, y el gobierno en menos de dos semanas ya ha sufrido duros reveses frente a la política económica trazada para este año.

Primero, porque luego de que se generara la tormenta de incrementar impuestos a todos los productos, gravar a más personas naturales y equilibrar la tributación entre las pequeñas y grandes empresas, surgió lo que el senador del Centro Democrático Iván Duque ha denominado “el falso dilema”, es decir, priorizar el plebiscito de la paz, proyectado a realizarse después de la firma del acuerdo el 23 de marzo, y aplazar la presentación del proyecto de ley de reforma tributaria al Congreso. Una jugada política para no afectar ninguna de las dos iniciativas, dicen expertos.

Lo que vino después no fue menor. El precio internacional del petróleo presionó al Gobierno a bajar la proyección del barril que tenía en su marco fiscal de US$50 a US$35. Eso fue un mensaje a los mercados de que las cosas no andaban bien, situación que ratificó la semana pasada el informe de la calificadora de riesgo crediticio Standard and Poor’s, que bajó la calificación crediticia de Colombia de “estable” a “negativa”. La razón: la inestabilidad que enfrenta el país por la caída de los precios internacionales del crudo y sus efectos en el déficit fiscal, que asciende a $30 billones.

Con ese panorama, esta semana llegó un mensaje del Ejecutivo a esa perspectiva, sobre todo para los mercados nacionales e internacionales: el Gobierno anunció que recortará $6 billones del presupuesto de 2016, para empezar a ajustarse. Sin embargo, El Espectador conoció que aunque ese es un parte de tranquilidad, dos de las firmas calificadoras de riesgo, Fitch Ratings y Moody's, le recomendaron al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en su reciente visita a Nueva York, agilizar la reforma tributaria.

Sin embargo, el martes pasado el presidente, Juan Manuel Santos, volvió a revivir el debate de cuándo presentará el proyecto de ley: “No vamos a presentar una reforma tributaria a la carrera. Tenemos tiempo. Si la presentamos en este semestre o en el entrante sus efectos legales comienzan el primero de enero del año entrante”, dijo.

Hoy, el dilema planteado por economistas es si el país está o no en crisis económica y qué tan posible es que a mediano plazo entre en recesión. La respuesta la entregaron, justamente, tres integrantes de la comisión de expertos que elaboró la propuesta de reforma tributaria estructural, en el marco de la socialización del documento con el sector empresarial, en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Para Ricardo Bonilla, esa es una discusión estratégica, pues el Gobierno se acostumbró a que el Estado se financiaba con parte de las rentas petroleras, “hoy no existen y no se van a volver a tener en 5 o 15 años. Es necesario reflexionar desde ahora cómo se reemplazarán rentas por impuestos y eso se hace es con una regla tributaria justa”.

Según Bonilla, las calificadoras están enviando un mensaje: el Gobierno tiene incrementado su déficit fiscal y debe resolverlo. “Es un riesgo. No es suficiente con el recorte del gasto y tiene que pensar en el manejo de mayores ingresos, por lo que la reforma tributaria no se puede seguir aplazando”.

Por su parte Guillermo Perry, otro de los integrantes de la comisión de expertos, también hizo un recuento de la coyuntura económica y de la urgencia de reformar la tributación en Colombia. “El petróleo pasó de US$100 a US$30, es decir, cayó 70 %. Los ingresos fiscales del país habían pasado a depender en un 25 % del petróleo, entonces, si al 25 % se le cae el 70 %, eso equivale a perder de un año a otro el 15 % de los ingresos fiscales. Ese es el problema que tiene el Gobierno hoy”.

Por eso, explicó, en el corto plazo debe haber una reforma tributaria que mejore los recaudos y que inevitablemente deberá hacerse de impuestos indirectos como el IVA y equilibrando el recaudo de impuestos directos. De acuerdo con el informe de la comisión, actualmente en Colombia el 82,8 % de la contribución de impuestos directos lo hacen las empresas, mientras que solo el 17,4 % las personas naturales. “Los ricos son las personas, las empresas son un aparato productivo y por eso no se les puede meter tanto la mano”.

El abogado José Roberto Piza, otro de los integrantes de la comisión, dice que el aplazamiento de la reforma no tiene costos para el país, pues es una razón política y que presentarla en el segundo semestre no generaría mayor costo, sino que al contrario se ganaría en la calidad del tipo de reforma final.

“La calificación es una presión para que se agilice la reforma, porque el país por efectos de la situación fiscal tiene que mejorar su aparato tributario. Pero igual existe un consenso de que hay que hacerlo, porque para el próximo año debemos tener un sistema que arranque a mejorarse”.

En suma, lo que se viene es realmente una reforma estructural, pues según opinaron los comisionados, desde 1986 con la apertura económica y previo a la Constitución de 1991, Colombia no propone una modificación tan ambiciosa al estatuto tributario. “Desde esa época no hemos hecho una discusión a fondo y todas se enfocaron en recaudar más plata. En cambio, esta trata de poner en la mesa de discusión el problema de equidad y eficiencia”, mencionaron.