En el caso de que las partes firmen el entendimiento, transcurrirían entre ocho y 12 semanas para ponerle punto final al conflicto buitre. En el medio, ahora el macrismo necesita que el Congreso derogue las leyes.
El gobierno argentino sabe que, antes de festejar el inminente fin del largo litigio con los fondos buitre y la salida del default, debe asegurarse de poder cumplir una de las condiciones que puso el juez Thomas Griesa para liberar los embargos contra la Argentina: la derogación de dos leyes en el Congreso.
Ambas aprobadas durante el kirchnerismo, las llamadas "Ley Cerrojo" –que impide dar una mejor oferta a la que se había ofrecido a quienes entraron al canje– y "Ley de Pago Soberano" –que cambiaba la jurisdicción de la cancelación de bonos, desde Estados Unidos a la Argentina, para esquivar el embargo– eran el obstáculo legal para el acuerdo.
En el caso de que las partes firmen el entendimiento, transcurrirían entre ocho y 12 semanas para ponerle punto final al conflicto buitre. En el medio, ahora el macrismo necesita que el Congreso derogue las leyes.
El presidente Mauricio Macri dio su garantía de que contará con el aval del Congreso en este tema. Toda una demostración de confianza en su "cintura" política, dado que buena parte del peronismo no solamente no quiere derogar las leyes sino que ha decidido transformarlas en una bandera de resistencia.
Ello quedó en claro durante el congreso del Partido Justicialista, en el cual sectores kirchneristas y del peronismo moderado se trenzaron en un debate sobre la actitud a adoptar frente al acuerdo con los "buitres".
De hecho, este tema terminó siendo el verdadero protagonista del congreso, por encima incluso de la renovación de autoridades partidarias.
Por un lado, el senador Miguel Ángel Pichetto, el más notorio defensor de la "línea negociadora", fue abucheado por los militantes kirchneristas al señalar que hay que tener "un rol institucional", respecto a los gobernadores e intendentes que necesitan la ayuda financiera del Ejecutivo y que para ello piden un consenso en torno a salir del default.
"Vamos a actuar en el marco de un acuerdo político de gobernabilidad y salir de un default tiene que ser tarea de todos los argentinos, no de un sector político", alcanzó a decir Pichetto en medio de los gritos y silbidos de una parte de los congresales.
Pero acaso su frase más fuerte haya sido "acá nadie le baja línea a nadie", cuando Patricio Mussi, intendente de Berazategui y uno de los principales voceros del "kirchnerismo duro", quiso que se tratara la moción para prohibir que los legisladores justicialistas votaran a favor de la medida pedida por el macrismo.
"Sacar al país del default es una tarea de todos, no de un partido", dijo Pichetto, en un congreso peronista en el que quedó en claro la diferencia de visiones respecto de cuáles deben ser los límites de la estrategia opositora.
En la vereda de enfrente, Oscar Parrilli, exsecretario de Inteligencia de Cristina Fernández, expresó que la nueva dicotomía este año se resume en una consigna: "Patria o Buitres", y pidió a los senadores y diputados justicialistas que rechacen "cualquier negociación de la deuda externa pendiente con los holdouts".
En la misma línea se expresó Héctor Recalde, jefe del bloque de diputados FPV-PJ, quien sostuvo que "arreglar con los fondos buitre acarrea problemas a futuro".
El comentario entre los asistentes era que la postura de oposición dura a darle a Macri los votos que necesita fue ordenada por la misma Cristina Fernández, quien está dispuesta a que la defensa de su "resistencia" a un acuerdo con los buitres se transforme en un pilar de su nueva estrategia política.
En busca del número mágico
No obstante la resistencia kirchnerista a acompañar el pedido del presidente, quienes manejan la "calculadora" de los votos en el Congreso a la luz de los reacomodamientos políticos y las nuevas alianzas sostienen que el oficialismo igualmente logrará la mayoría que necesita.
Al menos, hacia ese objetivo están trabajando contrarreloj los operadores políticos del macrismo. Si bien la ruptura del bloque kirchnerista lo acerca a conseguir las adhesiones suficientes, será importante cómo se comporten los diputados que aún permanecen en él.
Tras abandonar las filas del FPV, Diego Bossio dejó entrever que apoyaría al macrismo en la derogación de las mencionadas normativas, lo que habilitaría la aprobación de la propuesta de pago a los holdouts.
"Hemos hablado con los gobernadores y es un tema que claramente nos interesa resolver y cerrar. Estamos haciendo el estudio técnico y seguramente tendremos un posicionamiento político", explicó el legislador.
Por su parte, el excandidato presidencial peronista Daniel Scioli también hizo un guiño: aseguró que apoyaría la derogación de esas normas "si se encuadran bajo ciertas condiciones que sean beneficiosas para el país".
En esta misma tónica, hay casi una decena de los diputados bonaerenses que está en la cámara baja tiene una relación aceitada con el exmandatario provincial. Con la cámara de diputados en vías de mostrarse favorable al pedido oficialista, las cosas parecen aun más sobre ruedas en el Senado. Es algo que, en un análisis superficial, puede sorprender, dado que allí el peronismo cuenta con una mayoría abrumadora. Pero rápidamente quedó en evidencia que, en muchos casos, los senadores priorizarían sus intereses provinciales por encima de lealtades partidarias.
Aquí, la calculadora legislativa tiene algunas diferencias con el escenario de la Cámara de Diputados. En principio, no se observa una ruptura formal entre cristinistas y peronistas tradicionales, por lo que conforman un bloque de más de 40 legisladores sobre un total de 72.
En ese contexto, la delicada situación financiera de las provincias y el auxilio que el Estado nacional debe brindar para evitar un panorama extremadamente complejo hace que muchos gobernadores peronistas insten a sus legisladores a convalidar las medidas presidenciales.
Además, por otro lado, podrían negociar con el gobierno macrista que se les facilite el acceso a los mercados internacionales de crédito para así tomar deudas con el fin de regularizar sus cuentas.
Es que si deciden llevar a cabo esta medida necesitarán de la firma de Macri ya que él, en su rol de presidente, es quien habilita a las provincias a ir en busca del crédito externo.
En definitiva, si la jugada le sale bien a Macri, logrará varios objetivos con un solo tiro: en el plano económico confirmará la salida del default y la vuelta del crédito externo; y en el plano político habrá profundizado la división peronista y demostrado que es capaz de superar la capacidad de bloqueo del kirchnerismo.
Cuántos lo acompañarían
¿Por qué le dan los números a Macri? El Frente Para la Victoria contaba, antes del quiebre, con 95 legisladores, pero ese número se redujo a 77, contra las 88 bancas que responden a la oficialista Cambiemos, cifra a la que habría que sumarle sus aliados del GEN. Si a ese número del oficialismo se le agregan los 35 diputados del massismo, los 18 que se despegaron del kirchnerismo y otros bloques provinciales, como los seis legisladores de Santiago del Estero que antes respondían a CFK y los 9 peronistas (exmassistas) de Compromiso Parlamentario por la Argentina, el Congreso podría avanzar en la derogación de las leyes necesarias para cerrar el acuerdo. Cerca de 160 legisladores, sobre 257, acompañarían al macrismo.
