Es la cuarta vez que amplía la vigencia de una medida, rechazada por la Asamblea, que le permite disponer de recursos sin control parlamentario.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió dos meses más el 'Decreto de Estado de excepción y emergencia económica', implementado pese al rechazo de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, pero cuya legalidad viene avalada por el Tribunal Supremo. Es la cuarta vez que amplía la vigencia del decreto, emitido inicialmente a principios de año, debido a las "circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico, político que afectan el orden constitucional, la paz social, seguridad nacional, las instituciones públicas y a los ciudadanos", indicó una publicación en la Gaceta Oficial.

El decreto señala que con la extensión el Gobierno podrá aplicar sanciones de carácter político contra representantes de poderes públicos que "obstaculicen" la continuidad de la aplicación de la medida. Igualmente, podrá imponer normativas excepcionales para autorizar erogaciones con cargo al tesoro nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en la Ley de Presupuesto 2016 y aprobar y suscribir contratos de interés público para la obtención de recursos financieros.

Oposición desde la Asamblea. Pese a las sucesivas prórrogas del decreto, la situación de desabastecimiento en los mercados y de escalada de precios ha continuado. El diputado opositor y economista José Guerra denunció que la nueva prórroga del decreto "deroga parcialmente la Constitución", al suprimir varias normas constitucionales relativas al control del Legislativo. Señaló que el nuevo decreto "acentúa los controles sobre la economía y va a agudizar la crisis económica".

La nueva prórroga, publicada en la gaceta oficial con fecha de 13 de septiembre y difundida este jueves (15.09.2016), considera que la medida "ha sido determinante en contra de las acciones y amenazas internas y externas desestabilizadoras de la economía". La declaración de emergencia económica permite a Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.