Si bien el presidente del Indert, Justo Cárdenas, se empeña en defender la construcción de sistemas de agua a través de ONGs que subcontratan a “constructoras”, las pruebas demuestran que este mecanismo sirve únicamente para beneficiar a los amigos políticos.
Asunción. Suman y siguen los nombres de políticos que están metidos en el negocio de los pozos financiados por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Empresas de un diputado liberal suplente por Caaguazú, del intendente colorado de Juan Manuel Frutos y de un dirigente de la ANR del citado departamento fueron adjudicadas con más de G. 2.500 millones.
Si bien el presidente del Indert, Justo Cárdenas, se empeña en defender la construcción de sistemas de agua a través de ONGs que subcontratan a “constructoras”, las pruebas demuestran que este mecanismo sirve únicamente para beneficiar a los amigos políticos, con sobrecostos millonarios de las obras, que en numerosos casos resultan ser casi una estafa para el Estado. Además, el mecanismo es completamente vulnerable a los pedidos de coima y otros delitos afines, por la falta de controles eficaces.
Así, empresas como “Siselecseg” es beneficiada con millonarios contratos. Esta firma unipersonal es de Rafael Duarte Vera, dirigente colorado de Caaguazú; fue candidato para la Junta Departamental en las últimas internas de la ANR. Según los datos oficiales, la firma fue contratada por G. 1.114 millones para construir pozos en las localidades de Santa Librada, María Auxiliadora y Capillita, en el departamento de Caazapá.
Otra empresa beneficiada es MR Perforaciones, propiedad del intendente municipal de Juan Manuel Frutos, Carlos Medina Domínguez. Fue contratada por G. 1.198 millones para instalar los sistemas de agua potable en Niño Salvador, Tercera Línea Irrazábal y Takurupytã, también de Caaguazú.
Pero no solamente personas del Partido Colorado están en este negocio. Datos obtenidos a través del sistema de Acceso a la Información Pública indican que otra de las contratadas para la construcción de pozos es Punto M, presidida por Julio César Mendoza Aquino, diputado suplente por Caaguazú del Partido Liberal. Su empresa fue contratada para instalar pozos en San Miguel Cuarta Línea y San Marcos del mismo departamento, por un total de G. 679 millones.
Hasta la fecha no hemos podido corroborar si todas las obras adjudicadas a estas tres empresas de políticos fueron terminadas y si dichas comunidades ya cuentan con agua potable, pero según los datos, ya recibieron el 100% de los desembolsos.
Estos casos se suman a una larga lista de personas relacionadas al Gobierno nacional que obtienen los millonarios contratos gracias a la modalidad del trabajo con ONGs, por medio de la cual el Indert firma convenio con fundaciones, asociaciones y similares, y son estas las que subcontratan.
Al respecto, la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) emitió ayer un comunicado en el que cuestiona el manejo discrecional de fondos públicos a través de estos organismos y el presidente del gremio, Jorge Moreno, realizó fuertes declaraciones en su Facebook, acerca de las “empresas de maletín” que son beneficiadas en detrimento de las firmas pequeñas y medianas legalmente constituidas, que bien podrían realizar los trabajos, en tiempo y forma.
