Los fondos que se recauden mediante esa iniciativa le permitirán al próximo mandatario, Salvador Sánchez Cerén, tener la "liquidez necesaria para asumir los compromisos" de su Gobierno.

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, afirmó que el paquete fiscal que envió al Parlamento, por al menos US$1.320 millones, es necesario para el nuevo gobierno que asumirá el 1 de junio próximo.

Los fondos que se recauden mediante esa iniciativa le permitirán al próximo mandatario, Salvador Sánchez Cerén, tener la "liquidez necesaria para asumir los compromisos" de su Gobierno (2014-2019), dijo Funes en su programa sabatino "Conversando con el presidente".

El gobernante insistió en que las medidas van "orientadas a aumentar la recaudación fiscal sin afectar a la clase media ni a los sectores populares".

Por el contrario, se busca "recaudar más recursos de aquellos que realmente puedan aportar más, las clases altas, los de mayores ingresos", agregó.

Funes reafirmó que "la filosofía de estas iniciativas es que paguen más los que tienen más (...), aquellos que tienen mayor capacidad tributaria".

El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, presentó el paquete fiscal el pasado jueves a la Asamblea Legislativa, donde, en principio, la mayoría de partidos políticos ha rechazado la iniciativa por considerar que afectará a las clases media y baja.

Una parte de la propuesta consiste en una emisión de bonos por US$800 millones para pagar Letras del Tesoro de la República de El Salvador y otra por US$350 millones para cubrir unos bonos que emitió el gobierno de Elías Antonio Saca hace cinco años.

Además, se cobrará un nuevo impuesto del 1% sobre las propiedades suntuarias, como casas de playa, o inmuebles no productivos, cuando su valor sea superior a los US$350.000, según el ministro.

También se aplicará un 0,25% por cada US$1.000 a los depósitos de comerciantes superiores a 5,000 dólares y a las transacciones financieras de más de US$750 hechas mediante cheques y tarjetas de crédito o débito, excepto pagos salariales, remesas familiares o servicios públicos, entre otras.

La reforma incluye suprimir la exención del impuesto sobre la renta a los propietarios de periódicos, establecida "hace casi un siglo" en una antigua ley de imprenta, indicó Funes