Las perspectivas laborales de 2016 estarán determinadas por la tensión entre la reducción de derechos y la realización del trabajo decente.

Finaliza el año 2015 con indicadores de desempleo al alza durante los últimos tres meses, con una inflación cercana al 6,7%, que dobla la meta fijada por el Banco de la República, y con indicadores de informalidad laboral que alcanzan el 49% en el sector urbano y el 88% en el sector rural.

El panorama laboral para el año 2016 se proyecta entre políticas orientadas a la destrucción de derechos como medida de empleabilidad y el cumplimiento de los compromisos gubernamentales pendientes en materia de protección de garantías laborales.

El trabajo como elemento de construcción de paz tendrá especial énfasis en la implementación de los acuerdos de La Habana en el ámbito de la formalización laboral agraria, incluida en la reforma rural integral pactada en el punto uno como fórmula de no reincidencia.

Asimismo, la anunciada reforma pensional ocupará un lugar prioritario en la agenda laboral, cuya deliberación en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se iniciará en marzo sobre la base de las recomendaciones de la OCDE, las cuales promueven el debilitamiento del régimen público de prima media y su progresiva sustitución por el sistema asistencial integrado por los beneficios económicos periódicos (BEPS) y el programa Colombia Mayor, que constituyen un estímulo a la informalidad que debe ser analizado para determinar la inconveniencia de la privatización del sistema pensional.

En la perspectiva de reducción de derechos merece especial interés el debate sobre la eliminación de la protección contra el despido de los trabajadores con discapacidad, a propósito de las iniciativas legislativas presentadas como fórmula para incentivar la empleabilidad de este grupo poblacional, que conviene ser reorientado hacia la estructuración de medidas de inclusión y remoción de barreras en el ámbito laboral para este colectivo.

En materia sindical, los resultados del censo sindical que lidera el Ministerio del Trabajo deben constituir el insumo de políticas públicas para el rediseño de la libertad de asociación. Este trabajo se deberá hacer a través de sistemas que incentiven la representatividad de los sindicatos más allá de los estímulos a la constitución de organizaciones que actualmente derivan en una tasa de afiliación sindical del 4,4%.

Por su parte, la tendencia hacia la promoción de derechos en el trabajo estará centrada en primer término en la recuperación de la jornada nocturna desde las 6 de la tarde, en el recargo del 100% por trabajo en domingos y festivos, y en la reducción del porcentaje de cotización al sistema de salud de los pensionados al 4%. Esto se dará como consecuencia de los compromisos asumidos en la campaña presidencial del año 2014 y de la demostrada ineficiencia económica de la Ley 789 de 2002, que determinó la jornada nocturna desde las 10 de la noche y redujo el recargo dominical al 75%.

Un punto que no hay que olvidar en 2016 es la propuesta de ampliación de la licencia de maternidad a 18 semanas, de acuerdo a lo establecido en la recomendación 191 de la OIT. Esta iniciativa continuará el debate parlamentario en desarrollo de la prevalencia del derecho de los recién nacidos, la reducción en 40% de las patologías derivadas de la falta de cuidado en los primeros meses de desarrollo y la superación de paradigma de la incompatibilidad entre la maternidad y la productividad.

Como eje central de la política de empleabilidad del Ministerio del Trabajo, el proyecto de ley de primer empleo deberá ajustar el marco de los estímulos al emprendimiento, ampliando las exenciones del pago de registros mercantiles a incentivos tributarios. Además deberá mejorar el esquema de normalización de la situación militar, para así desligar el pago de la libreta militar de las justas causas de despido. Y, por último, es necesario hacer un cambio en el diseño institucional de la conexión entre el sistema educativo y el mundo laboral para incorporar elementos de calidad y pertinencia al modelo de formación para el trabajo, para lograr la meta de reducción del desempleo juvenil del actual 15,8% al 13,8% en el año 2018.

Las perspectivas laborales de cara al año 2016 están determinadas por la constante tensión entre la reducción de derechos en el trabajo, como fórmula para aumentar los niveles de empleabilidad, y la realización del trabajo decente como pasaporte de ciudadanía social que contribuya a una paz sostenible.