Esta conclusión se desprende del informe "Exportando corrupción", la décima edición del estudio que realiza la ONG Transparencia Internacional con carácter anual.
Berlín. México, Chile, Colombia y Brasil no han hecho ningún esfuerzo por luchar contra los sobornos de sus empresas en el exterior a pesar de figurar entre los 41 países en firmar su compromiso al respecto, denunció la ONG Transparencia Internacional (TI).
Esta conclusión se desprende del informe "Exportando corrupción", la décima edición del estudio que realiza TI con carácter anual para seguir la implementación de la Convención para Combatir el Cohecho en el extranjero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Estos cuatro países latinoamericanos integran la cola de este listado, en el que TI agrupa a los exportadores firmantes que no han hecho "nada" por impedir que sus empresas recurran al soborno para vender en el extranjero y que suponen actualmente el 27% de las exportaciones mundiales.
Este colectivo está conformado, además, por Japón, Holanda, Corea del Sur, Rusia, España, Bélgica, Irlanda, Polonia, Turquía, Dinamarca, República Checa, Luxemburgo, Israel, Eslovaquia, Grecia, Eslovenia, Bulgaria y Estonia.
En tanto, Argentina, junto a Francia, Suecia, Noruega, Hungría, Suráfrica, Portugal y Nueva Zelanda, integran las ocho economías que, según el ránking de TI, han implementado de forma "leve" el contenido del texto de la OCDE.
Sólo cuatro países -EEUU, Alemania, Reino Unido y Suiza- están "activamente investigando y persiguiendo a empresas que engañan a los contribuyentes cuando sobornan a funcionarios extranjeros para lograr o inflar contratos, obtener licencias y concesiones".
Tras ellos se sitúa un grupo que ha aplicado de forma "moderada" la convención, conformado por Italia, Canadá, Australia, Austria y Finlandia, según la ONG alemana, una referencia global en la lucha contra la corrupción.
China, el mayor exportador global, no ha mostrado ningún interés en firmar esta convención.
Los cuatro primeros países, a la sazón los impulsores de la convención, han acogido un total de 282 casos judiciales por sobornos en el extranjero, frente a los 73 que suman las otras 35 economías (20 de ellas no han abierto ningún proceso).
"Para que la convención anticohecho propicie un cambio fundamental en la forma en la que operan las empresas necesitamos una mayoría de grandes exportadores implementándola de forma activa para que el resto de países siga su curso", afirma en un comunicado el recién elegido presidente de TI, el peruano José Ugaz.
TI denuncia que 15 años después de la entrada en vigor de la convención la mayoría de países no haya puesto más énfasis en combatir el cohecho.
A su juicio, los investigadores no cuentan con el debido "respaldo político" para perseguir a las grandes multinacionales, porque prevalece el "interés económico nacional" frente a la lucha contra la corrupción y faltan los recursos.
En este contexto, TI volvió a reclamar la necesidad de que se difunda la identidad de los propietarios de todas las grandes empresas, para evitar que los sobornos se vehiculen a través de empresas pantalla.
