Centro de Estudios Económicos del Sector Privado afirma que finanzas públicas son débiles por la dependencia de los ingresos petroleros.

Ciudad de México. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) afirmó que una reducción de impuestos en México para 2011 sería irresponsable, populista y demagógica, dada la debilidad de las finanzas públicas de la nación por la dependencia de los ingresos petroleros.

La iniciativa de algunos miembros del PRI, planteada en la discusión del paquete económico 2011, implica una reducción en la tasa del impuesto al Valor Agregado (IVA) del actual 16% a 15% ó 12%, con algunas variantes, ya sea con canastas básicas o sin ellas.

Sin embargo, el organismo, a través de su publicación semanal "Análisis económico ejecutivo", destaca que estas propuestas no han sido acompañadas de otra que explique cómo se compensaría la disminución de los ingresos públicos, señala la edición online del diario El Financiero.

Una de las posibles opciones para compensar la reducción del IVA sería aumentar otros impuestos o tasas tributarias, lo que implicaría un serio golpe para los causantes cautivos, que son quienes soportan la carga fiscal del país.

Otra de las posibilidades sería permitir un mayor déficit público, lo que es visto con "buenos ojos" por algunos políticos, pero su impacto económico es grave y deteriora el desarrollo eficiente de las empresas y las personas, asegura la publicación.

El paquete económico para 2011 prevé un déficit presupuestario equivalente a 2,3% del PIB mexicano, pero al considerar los compromisos contingentes, los requerimientos financieros del sector público (RFSP) se eleva a 2,7%. La cifra es inferior al 3,2% que se estima para este 2010, pero al traducirlos a dinero asciende a $381,1 millones (US$30,3 millones, aproximadamente), lo que supera cerca de seis veces lo que podría recibir el sector privado en 2010 como financiamiento, por parte de la banca comercial y de desarrollo.

El reporte concluye que estas cifras redundan en una menor disponibilidad de recursos para las empresas, lo que retrasa su inversión y su mayor actividad productiva, por lo que tendrían que continuar financiándose en mayor proporción de sus proveedores, como sucede actualmente con más de un 80% de las empresas mexicanas.