El Senado aprobó con 106 votos a favor y cinco en contra una serie de adiciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitida originalmente en el 2008, para obligar a las autoridades locales a dar más luz a su opaca rendición de cuentas.
México DF. El Congreso mexicano aprobó este martes reformas a una ley con la que se buscan elevar los controles y la transparencia de las finanzas de los estados y municipios, cuyo creciente endeudamiento podría poner en riesgo la estabilidad de las arcas federales, según observadores.
El Senado aprobó con 106 votos a favor y cinco en contra una serie de adiciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitida originalmente en el 2008, para obligar a las autoridades locales a dar más luz a su opaca rendición de cuentas, homologando sus sistemas de contabilidad con los del gobierno federal.
"Anteriormente cada estado y municipio tenía sus propios criterios, podríamos decir que a las peras les llamaban manzanas y a las manzanas les llamaban piñas y eso en términos de fiscalización era sumamente complicado", dijo Marco Cancino, experto de la firma de análisis Inteligencia Pública.
La información tendrá además que estar a disposición de la población que desee consultarla.
La reforma, que fue discutida también por los diputados, obliga a los estados y municipios a reportar periódicamente en Internet todo tipo de contratación de deuda -tanto bancaria como emisiones- sus montos y plazos, y a detallar el destino del total de sus recursos.
"Esta reforma dota de nuevas formas para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos", dijo el senador del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Yunes, presidente de la comisión de Hacienda, durante el debate en la cámara alta.
Hasta junio, la deuda de los estados y municipios del país sumaba 404.410 millones de pesos (US$31.253 millones), según datos de la Secretaría de Hacienda.
Si bien la cifra representa menos de un 3% del Producto Interno Bruto (PIB), el monto casi se duplicó desde los 203.070 millones de pesos reportados al cierre del 2008, cuando se realizó la ley, encendiendo luces de alerta entre analistas y autoridades por el acelerado ritmo de crecimiento.
La principal preocupación gira en torno a una cifra negra de créditos de corto plazo que los gobiernos locales no estaban obligados a registrar y algunas autoridades suelen utilizar como caja chica para pago de nómina y gastos corrientes.
"Vamos por buen camino. A lo mejor el marco normativo va a permitir que se pueda seguir contratando deuda de esta forma, pero la vigilancia que podamos tener los ciudadanos sobre esa deuda va a ser mayor, más precisa y más puntual", opinó por su parte Tamón Takahashi, experto del centro de estudios CIDAC.
Poca transparencia. Un reciente estudio del centro independiente de investigaciones Imco reveló que en promedio las 32 entidades del país registran actualmente débiles prácticas administrativas y problemas con la transparencia en el manejo de su deuda y presupuestos, amenazando sus finanzas locales.
La reforma también establece penas de cárcel entre dos y siete años y multas de hasta unos 25 millones de pesos (US$2 millones) a los funcionarios que oculten información o alteren los registros sobre las finanzas públicas de sus entidades, que deberán permanecer expuestas por lo menos durante seis años.
La reforma obliga además a los estados y municipios a llevar a cabo sus transacciones a través de depósitos bancarios y a incluir en sus cuentas públicas los bienes que componen su patrimonio.
"Es una ley que va a permitir una claridad total del registro de la salida y del destino de los fondos públicos", dijo a Reuters recientemente José Isabel Trejo, presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
"Es un momento de cerrar la pinza en algunos huecos que se habían quedado en la ley que hicimos en 2008", agregó.
El Gobierno federal y los estados deben ajustar sus respectivos sistemas de contabilidad el próximo año, mientras que los municipios tienen como fecha límite el 2014, salvo aquellos que requieran un plazo adicional para cumplir con la reforma.
Según la consultoría Aregional, especializada en finanzas públicas en América Latina, apenas 130 de los casi 2.500 municipios de México estarían actualmente en condiciones de cumplir a tiempo con los nuevos códigos.
La reforma también contempla dotar de recursos a las regiones más atrasadas para capacitar a sus funcionarios y desarrollar la tecnología necesaria.
La reforma a la ley de contabilidad gubernamental es la primera de carácter preferente que el Congreso aprueba. Este tipo de iniciativas deber ser discutidas en un lapso máximo de 60 días después de que el presidente en turno las envíe a los legisladores.
Otra iniciativa enviada como preferente fue la reforma laboral, pero aún espera ser votada por el Congreso.
