En diálogo con El Observador, el director Nacional de Trabajo, Juan Castillo, sostuvo que el ministerio resolvió solicitar una serie de informes técnicos para luego pasar a analizar y discutir los pasos a dar.
La segunda parte de la ronda de negociación colectiva en el sector privado que se desarrollará este año se dará en un escenario que aparece marcado por presiones inflacionarias que no dan señales de moderación y que podrían implicar una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores durante el 2016. El tema que genera críticas en el PIT-CNT ahora también empezó a hacer ruido en el Ministerio de Trabajo (MTSS), luego de conocido el dato de inflación interanual de enero que bordeó los dos dígitos y los últimos ajustes de tarifas públicas.
En diálogo con El Observador, el director Nacional de Trabajo, Juan Castillo, sostuvo que el ministerio resolvió solicitar una serie de informes técnicos para luego pasar a analizar y discutir los pasos a dar. "El tema dejó de ser una preocupación personal y hoy es una preocupación del ministerio. Lo vamos a estar analizando y a estar midiendo técnicamente primero, para luego hacer una discusión política de cuál ha sido el impacto en los salarios de los nuevos datos de la economía, que tienen básicamente que ver con la inflación acumulada y el ajuste de las tarifas públicas", afirmó. En ese sentido, el jerarca precisó que, hasta ahora, no hubo planteo alguno al Ministerio de Economía (MEF).
Las pautas con las que se está negociando actualmente sugieren como punto de partida ajustes nominales en función de la realidad de cada sector. Para aquellos más dinámicos (crecen por encima de 4% anual) se plantea elevar 10% los salarios el primer año, 9% el segundo y 8% el tercero. En tanto, para aquellas ramas menos dinámicas –que crecen por debajo del 4%–, los ajustes propuestos son de 8,5%, 7,5% y 7%, respectivamente. Finalmente, para los sectores en problemas los ajustes planteados son de 8%, 6,5% y 6%.
El comportamiento de la inflación no ha ayudado al clima de la negociación y la mayoría de los pronósticos coinciden en que eso seguirá siendo de esa forma este año. De hecho, los analistas que participan de la Encuesta de Expectativas Económicas de El Observador esperaban en setiembre pasado que 2016 cerrara con una inflación de 9%. Cuatro meses después esa proyección es de 9,5% e incluso hay previsiones que no descartan que se puedan alcanzar los dos dígitos en los próximos meses.
Las fórmulas que propone el Poder Ejecutivo dejan de lado la inflación como base de los ajustes y los correctivos por IPC se aplican de ser necesarios al terminar el segundo año y otra vez al finalizar el tercero, aunque hubo cierta flexibilización y algunos grupos lograron en la ronda anterior adelantar los correctivos a 18 meses. Ese es el escenario en el cual se basan las diferencias de los sindicatos con el gobierno, porque se entiende que en el mejor de los casos, quedando solo bajo el paraguas de un sector dinámico se podría asegurar que no se pierda salario al inicio del convenio.
Así es que hoy el PIT-CNT reclama variantes, tanto en los porcentajes de ajustes nominales, como en los plazos de aplicación de los correctivos, de forma de garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. Esa es una de las principales luchas que dará la central sindical este año. Tradicionalmente en rondas anteriores los correctivos se ponían en práctica cada seis meses o un año, de forma que el trabajador no viera deteriorada su nivel de ingreso real por un período mayor cuando la inflación superaba el centro del rango meta (5%).
"Hay algo que es común de todos (por los sindicatos) y es pelear para romper esas pautas porque están demostrando que en el mejor de los casos lo que se puede hacer es conservar salarios y existe el peligro de llegar a perder salario. Lo primero que se va a solicitar es que se cambien", había dicho la semana pasada a El Observador el integrante del Secretariado Ejecutivo de la central sincial, Ricardo Cajigas.
Cuando se elaboraron las pautas a mediados de 2016, desde el MEF se planteó que tenían el objetivo de moderar los ajustes de salarios y conservar la mayor cantidad de empleo. "Son las mejores que se podían diseñar para responder a las necesidades de la economía uruguaya. "Estas pautas son las que se están aplicando y las que se van a seguir aplicando", había dicho a El Observador el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri.
En la etapa de elaboración no faltaron las diferencias entre Trabajo y Economía. En ese momento, Castillo admitió a El Observador que su cartera tenía "diferentes miradas y posiciones". Incluso el semanario Búsqueda informó que el tema ameritó una acalorada discusión entre el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el director de la Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller. Según trascendió, Masoller le reprochó a Murro dejar a Economía por fuera de una reunión del Consejo Superior Tripartito.
