"No quiero adelantar opiniones sobre esta materia", pero "en esta comisión no hay ningún tema excluido", dijo Pablo Longueira tras recibir a su par de Desarrollo Social, Joaquín Lavín.
Disponible para analizar la aplicación de penas de cárcel para delitos de colusión se mostró el ministro de Economía chileno, Pablo Longueira, quien señaló que dicho tema será materia de análisis de la comisión ad hoc anunciada por el presidente Sebastián Piñera a raíz del escándalo de la colusión de los productores de pollo, Ariztía, Agrosuper y Don Pollo.
"No quiero adelantar opiniones sobre esta materia", pero "en esta comisión no hay ningún tema excluido", dijo el secretario de Estado tras recibir de su par de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, un nuevo informe sobre el impacto de consumo de pollo, y sus precios, en los hogares más pobres del país.
Añadió que la sanción con cárcel –retirada durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, según recordó- "será parte de lo que va a estudiar esta comisión que va a recibir las opiniones de todos los centros de estudio del país, de las universidades y los partidos políticos con el propósito de hacer una evaluación de nuestro sistema de libre competencia".
Primera Necesidad. El documento de Lavín indica que el pollo es el cuarto producto más consumido en el 20% más pobre de la población, por lo que se convierte en un alimento de primera necesidad. En cambio, en los sectores más ricos sólo aparece en el noveno lugar de la canasta.
En cifras, el pollo representa el 5% del gasto en alimento en los hogares más pobres, y solamente el 2,4% en los hogares de ingreso más altos.
Lavín, junto con condenar el escándalo de colusión, puso el acento en que una competitividad y transparente, implicará bajas en los precios, y una ayuda a los sectores más desposeídos para salir de esa condición. "Los precios de estos productos inciden en la pobreza", remarcó.
Comisión asesora. El ministro Longuera evitó adelantar quiénes son los expertos que integrarán la comisión que asesorará al Presidente en materia de perfeccionamiento de la competencia. Indicó que antes del viernes se conocerán los nombres de la instancia, que tendrá 6 meses para realizar un informe.
Asimismo, defendió el rol cumplido por el Gobierno, indicando que "hemos actuado con mucha energía y lo seguiremos haciendo" y remarcó que las multas que contempla el marco legal para estos casos son "ejemplificadoras". De hecho, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó la multa máxima, de $14.000 millones (30.000 Unidades Tributarias Anuales), para las empresas productoras acusadas de colusión.
"Las sanciones tienen que ser ejemplificadoras y creo que el nivel de multas que tenemos en Chile son ejemplificadoras. Estamos hablando que a las 3 empresas que eventualmente, si lo confirma así el tribunal que se coludieron, hemos propuesto que se les sancione con el máximo" , indicó el ministro.
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