Para esta contabilización se toma en cuenta la deuda consolidada, que no incluye la deuda interna con entidades públicas como el IESS.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, aseguró que la deuda pública sí cumple los parámetros constitucionales que establecen que debe ser de hasta un máximo de 40% del PIB.

Para esta contabilización se toma en cuenta la deuda consolidada, que no incluye la deuda interna con entidades públicas como el IESS. Sin embargo, aclaró que la deuda pública agregada a mayo, pero incluyendo los US$2.000 millones que se desembolsaron en junio, llega al 44% del PIB.

Las cifras fueron presentadas dentro de su comparecencia el lunes por la tarde, en el marco de la discusión de la proforma presupuestaria 2017 que lleva adelante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional.

El funcionario de Estado, adicionalmente, estableció que las obligaciones totales a mayo del Gobierno, incluyendo Certificados del Tesoro (Cetes) que no se registran como deuda por ser menores a un año, y las deudas que tienen las empresas públicas, especialmente EP Petroecuador y Petroamazonas EP, llegarían a 55% del PIB.

Sobre el tema, la asambleísta Mae Montaño (CREO) añadió que el Código de las Finanzas Públicos es claro en indicar que el techo del 40% es tomando en cuenta toda la deuda y no solamente la consolidada. Y que un decreto que ha sido emitido por el expresidente Rafael Correa no debería cambiar la ley.

El dato de las obligaciones de empresas estatales que provienen de la propia operación llegaría a US$6.537 millones.

Este rubro incluye obligaciones por ventas anticipadas por US$1.000 millones, además del saldo de cartas de crédito por importación de derivados. También se incluyen atrasos que se han producido en el marco de la operación. Finalmente, se incluyen en ese 55% potenciales obligaciones, contingentes por $ 782 millones de juicios de empresas petroleras.

El ministro De la Torre dijo que dentro de los contingentes no se registra la deuda de salud con el IESS por unos $ 2.527 millones, que fue establecida por la Contraloría, tras conocerse que el IESS había borrado de sus balances dicha cifra.(I)