El ministro de Energía y Minería se refirió así a la marcha atrás de los incrementos en los servicios públicos, y descartó que vaya a abandonar su cargo.

Buenos Aires. El gobierno nacional justificó la decisión de revisar el incremento de las tarifas de electricidad y gas al considerar que con la suba inicial "se excedió la capacidad de la gente de poder absorber los aumentos", en respuesta a la presión ejercida por los gobernadores y el aval que la justicia dio a un importante número de amparos presentados en distintos puntos del país en contra de la medida.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, fue el encargado de admitir que las medidas se podrían haber adoptado "de manera consensuada, discutida y reflexionada con los gobernadores", y rechazó que vaya a renunciar al cargo como consecuencia de una supuesta discrepancia con el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.

Al tiempo que desmentía su renuncia, Aranguren recibió este viernes la imputación del fiscal Carlos Stornelli de haberse supuestamente favorecido con el incremento de las tarifas de gas "al cumplir un doble rol como funcionario público y accionista de Shell", a partir de una denuncia presentada por los diputados del Frente para la Victoria, Martin Doñate y Rodolfo Tailhade.

Este jueves, el Gobierno oficializó la decisión de disponer que el tope de aumento para el gas a nivel residencial será del 400 por ciento en todo el país y del 500 por ciento para los comercios, firmas pymes y establecimientos hoteleros, retroactivo al primero de abril.

Tras dos jornadas de diálogo con los gobernadores, que se sumaron a otro encuentro concretado la semana previa, el Gobierno aceptó revisar la magnitud de los primeros incrementos además de disponer un descuento de 20 por ciento para unas 400 empresas electrointensivas, un subsidio para los clubes de barrio con hasta 2.000 socios, y ratificó la decisión de reglamentar el "Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público".

El titular de la cartera energética respaldó así la medida por "el impacto o la capacidad que puede tener cierta parte de la población afectada", ya que ese alcance puede ser distinto a nivel regional o sectorial, al valorar que "la capacidad de rectificación es algo importante en alguien que puede o quiere tener honestidad intelectual en el impacto de las medidas que toma".

Aranguren explicó que los topes de la suba tarifaria en el caso del gas responden a que la tarifa social llega a un millón y medio de hogares, mientras en el caso de la electricidad son 3,2 millones de usuarios.

En cuanto al costo fiscal estimado por la menor alza de tarifas, de unos 2.250 millones de pesos, el funcionario sostuvo que se enmarca en la meta de "lograr la seguridad energética, que cada vez importemos menos y no estemos dependiendo de circunstancias ajenas a nuestra capacidad de producir".

Respecto a supuestas diferencias con Frigerio por el tema tarifario, Aranguren negó discrepancias y aseveró: "tengo que desmentirlo, las reuniones las mantuve con el ministro, somos miembros del mismo equipo y no ha habido tal circunstancia", aseguró.

Finalmente, el ministro dijo que no observa "ninguna circunstancia que amerite que el precio de los combustibles se tenga que actualizar en lo que resta del año", del mismo modo que tampoco se modificará en gas y en electricidad el cuadro tarifario que se aplica desde el 1 de abril pasado.

A pesar del acuerdo con los mandatarios, el gobierno de la provincia de San Luis cuestionó mediante un comunicado los topes a las subas de tarifas de luz y gas, al considerar que esta decisión como una imposición del Poder Ejecutivo Nacional.

En la reunión con los funcionarios nacionales, la ministra de Hacienda Publica de San Luis, Natalia Zabala Chacur y el Fiscal de Estado, Eduardo Allende, hicieron saber la disconformidad con esta nueva propuesta sobre tarifas, y expusieron que la provincia va a sostener la medida judicial presentada por considerar que el aumento continúa siendo irrazonable e imposible de afrontar.

Es que el acuerdo con los gobernadores no necesariamente se verá reflejada en el retiro de los amparos ya presentados en muchas provincias, en varias de las cuales ya fueron avaladas por la Justicia Federal como ocurrió en Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego, y Buenos Aires, entre otros distritos.

En ese sentido, la jueza Federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, remitió al Juzgado Federal de La Plata los recursos de amparo presentados por organizaciones sindicales y vecinos de la ciudad contra la suba del gas, al tener en cuenta un fallo de la Corte Suprema de Justicia que así lo dispone por haberse presentado en la capital bonaerense el primer recurso de estas características.