Las leyes secundarias darán precisión y funcionalidad a los cambios constitucionales, refiere Marcela Andrade, coordinadora con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda.

A un mes de que el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios, un grupo de nueve entidades ya dio luz verde a esta iniciativa, que más allá de poner candados a la contratación de deuda, pretende dar mayor certidumbre y transparencia a las finanzas subnacionales.

Puebla, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas, Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit, San Luis Potosí y Querétaro son los estados que ya avalaron dichas modificaciones constitucionales, detalla Marcela Andrade Martínez, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La funcionaria recuerda que al menos 17 congresos locales deben palomear la reforma para que entren en vigor los cambios que avalaron diputados y senadores, después de casi dos años de proceso legislativo.

“Esta reforma va más allá de legislar el tema del endeudamiento estatal, pretende mejorar la disciplina financiera y la responsabilidad hacendaria en estos órdenes de gobierno”, comenta.

Leyes secundarias, columna vertebral. En entrevista, califica la aprobación de la nueva legislación como positiva; sin embargo, reconoce que en las leyes secundarias recaerá la funcionalidad de la misma, ya que el reto está en dar mayor claridad a todos los términos de los que hace mención la ley.

Por ejemplo, refiere, en el punto en que se hace mención a que “la deuda debe estar contratada en mejores condiciones de mercado, ese término, ‘mejores condiciones’, debe estar definido, al igual que los procedimientos bajo los cuales los congresos locales deben aprobar la contratación de un crédito.

“(Además), se debe distinguir la parte de la deuda que podrá contar con el aval federal, porque se abrió la posibilidad de que la Federación otorgue un aval a la deuda de los estados y éstos, a su vez, de sus municipios (...), esto es el reto que debe cumplir la ley secundaria”, agrega.

La encargada de la relación entre la Federación y los gobiernos locales asegura que la SHCP está lista para operar los cambios una vez que la reforma entre en vigor, pues ya han avanzado en el sistema a través del cual operará el registro público único de deuda, ante lo cual afirma: “No se requiere de una cantidad sustantiva de recurso humano, pero sí de una ingeniería de sistemas para llevar un control correcto de las cuentas estatales. Desde febrero del 2013 venimos trabajando en él y puedo decir que está listo”, externa.

Tendencia estable. La deuda de estados, municipios y sus organismos ascendió a 509.690 millones de pesos al cierre del 2014; es decir, 3,1% del Producto Interno Bruto estatal.

Ante ello, Marcela Andrade considera que “este nivel no representa un riesgo sistémico para las finanzas”, y asegura que después del 2009, cuando detonó con mayor fuerza la crisis económica, el comportamiento de las obligaciones financieras subnacionales moderó su crecimiento.

En el 2014, los pasivos netos de esos órdenes de gobierno aumentaron 5,6% en términos nominales, el menor avance anual de las últimas dos décadas.

“En la SHCP vemos que esta tendencia de crecimiento más moderado va a continuar en los siguientes años, a pesar de que este 2015 se celebran comicios en prácticamente todos los estados”, destaca.

Andrade Martínez confía en que en los siguientes días el resto de los congresos locales aprueben la reforma constitucional, con el objetivo de enfrentar los desafíos que llegarán por la baja del precio del petróleo, particularmente en el 2016.

El pasado 17 de febrero, el Congreso avaló la reforma constitucional en materia de disciplina financiera subnacional.

Esta iniciativa permitirá, entre otras cosas, la integración de una comisión bicameral que analice la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas de las entidades más endeudadas. Además, obliga a gobernadores y alcaldes a publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago, en un registro público único que precise el acreedor, monto, tasa de interés, plazo, etcétera.

Ordena la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones.

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