Cristina Kirchner modificará todos los fundamentos de la macroeconomía argentina que sean necesarios para mantener su poder fiscal.
En el pináculo de su poder, la presidenta argentina quiere volver a los 17, perdón, a los 18. Ni siquiera a un solo 18, sino a tres de ellos. No se trata de la nostalgia de alguien por la candidez de la adolescencia, sino de recuperar un equilibrio perdido: el 2012 inminente será feliz para Cristina Fernández, viuda de Kirchner, si logra terminarlo con un 18% de inflación, expansión del gasto público y aumento de sueldos. Aunque en gran parte de Latinoamérica estos números serían motivo de escándalo, no resulta así en Argentina, donde las metas de la política económica macro se orientan hacia un doble polo magnético: sustentar altas tasas de empleo y mantener la independencia fiscal.
Debido a lo anterior, hablar en Buenos Aires de macroeconomía suele ser menos debatir alrededor de una ciencia de leyes inmutables que cavilar sobre moral y política. Tanto para los neohayeksianos como para los neokeynesianos, sus antagonistas –como espejos enfrentados– les devuelven el reflejo de la catástrofe.
Simplemente porque las políticas macro de unos son vistas como un camino a la perdición del estatismo y la ineficiencia, y las de los otros como un despeñadero hacia la desigualdad centroamericana y la fractura social.
En lo que ambos están de acuerdo es que este 2012 se anticipa como un año bisagra.
El equipo económico que asume el poder en estos días deberá encontrar la manera de evitar tanto un aterrizaje forzoso de la economía, como de realizar algunas reformas desagradables tanto para seguidores como para opositores.
Chau subsidios. La primera de ellas ya comenzó con los anuncios de la eliminación de algunos de los subsidios al consumo de energía y transportes, así como la racionalización de la estatal Aerolíneas Argentinas. “El 60% de los $ 75.800 millones (US$ 17.835 millones) que se gastan en subsidios es energía y el 28% es transporte”, detalla Antonio Dentice, del Centro de Investigación y Medición Económica (CIME) de la Universidad de San Martín. Las reducciones ya anunciadas son algo menos de US$ 1.000 millones ($ 3.968).
La paradoja de estos subsidios es que han llegado a ser cerca del 30% del presupuesto estatal y son parte esencial del financiamiento del boom de consumo de la clase media y mediabaja, beneficiando durante años a quienes sí podían pagar. “A mí esto me parece muy cómico”, dice Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, para quien la salida de la política de subsidios se origina en que el gobierno ha descubierto que, de no hacerlo, podría suicidarse fiscalmente: “Si no lo hacen, el año que viene habríamos tenido más de US$ 23.529 millones. Ahora, como se supone que van a bajar 30.000 de los actuales 70.000 millones, el año que viene podemos tener algo menos que esos mismos 70 mil millones debido a la inflación”. Por eso “deberían sacárserlos a todo el mundo”. Es que, para el economista, la aceleración de los precios va a continuar y “va a pasar del 24% a más del 27% el año que viene”. La razón, arguye, es simple: “El gobierno sigue necesitando cubrir sus pagos de deuda y lo hará vía compra de dólares del Banco Central”. Y este último “va a mantener la expansión monetaria en un valor alto”. Ésta es, para él, la clave: “No con la misma fuerza de la demanda de dinero del otro lado”.
Lo anterior podría no verificarse si el gobierno lograse atenuar el consumo y lograr que, en simultáneo, los privados sostengan un alto nivel de inversión.
“Argentina hoy es una economía que tiene márgenes de acción con niveles que le permiten tener un consumo doméstico estable”, describe Mariano Lamote, jefe de economistas de la consultora ABECEB. Eso, “siempre que el mundo nos mantenga la demanda de commodities y Brasil no caiga en recesión”. De todas formas, como “se acabó la caja para tapar los errores desordenadamente, se va a tener que empezar a reconocer temas como la inflación”. Justamente su nivel, que comienza a ser muy distorsivo, dificulta a las autoridades del Banco Central una devaluación grande, en tanto que permitir una revaluación complicaría su política industrial y la “paz” con los productores agropecuarios, pues ya ha erosionado las ventajas cambiarias. La disputa es cuánto. Para Mercedes Marcó del Pont, titular de la entidad emisora, la respuesta es un menos de lo que se cree, porque “hubo un importantísimo crecimiento en la productividad del trabajo”. Así, “deflactado por salarios, nuestro tipo de cambio es competitivo, tanto el multilateral como el bilateral frente a Brasil”
La sombra de los commodities. No se verifica en Argentina la teoría de que la inflación se debe a que las empresas prefieren subir los precios antes que expandir la capacidad instalada. “La variación interanual de las ventas en supermercados de los primeros nueve meses de 2011 fue de 27,8% y la de ventas registró un aumento de 31,7% respecto a igual período del año anterior”, dice Dentice. Y el uso de la capacidad instalada es vigoroso, pero no de ahogo. Una encuesta del CIME puntualiza que “la utilización de la capacidad instalada para el trimestre en proceso indica que el 37,4% de las firmas utilizará entre un 80% al 100% de su capacidad; 41,1% anticipa que utilizará entre un 60% y un 80% de su capacidad instalada, y el 21,5% opina que el nivel de utilización se ubicará por debajo del 60%”.
Para Dentice el tema es otro: “El 50% de nuestra canasta de precios de alimentos juega contra commodities; segundo, no somos productores de los insumos que necesitamos y hay una demanda fuerte de reconstitución salarial”. Pero lo mismo le ocurre a Perú o Chile, países que no tienen inflaciones por sobre el 20%. “En Perú está el departamento de Libertad, una de las zonas más ricas por su alta concentración de empresas exportadoras de commodities, pero también una de las más pobres, con precios más altos. Es un ejemplo de que no importa que la inflación sea baja en términos nominales si el acceso a los bienes es casi nulo o imposible: es lo que se llama inflación de estructura”.
Según el economista, “mientras más altos son los precios de los commodities, más alta es la inflación en el país productor”. Entonces, en una Latinoamérica centralmente exportadora de ellos, unos países la controlan vía “ajustes marshallianos sobre el salario”, que aplastan o segmentan la demanda, como Chile y Perú; otros intentando transformar la estructura productiva, como Brasil y Argentina, y unos terceros, como la Venezuela actual o la Colombia de los 80 y los 90, simplemente no hacen nada.
Hacer macro en Argentina es complejo porque su economía es, en realidad, varias economías en una. “Sólo el 10,1% de las personas se inserta en el estrato productivo desarrollado, formado por las empresas de alta productividad”, dice Bernardo Kosacoff, miembro del consejo académico del Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios y experto en desarrollo industrial. Son un millón y medio de personas. Luego, un 42,3% lo hacen en empresas o negocios con un nivel productivo de “capitalismo en vías de desarrollo” y un 36% en el sector informal.
Tal heterogeneidad es simétrica a la especialización relativa de sus sectores productivos. Si se miran sus exportaciones proyectadas para este año, la sumatoria de productos del agro, combustibles y minería suman US$ 54.000 millones. Las importaciones de estos rubros son de US$ 9.700 millones. El superávit es US$ 44.300 millones. En el caso de la industria es significativo: pese a su alto nivel de exportaciones, arroja un déficit de US$ 33.800 millones.
Como la balanza total está en azul parecería que no hay de qué preocuparse. O, dirían algunos, sí, pero del empeño de producir bienes industriales cuando las ventajas de los commodities son evidentes. Estos últimos son los economistas y políticos que opinan que Argentina debe seguir una variante del modelo chileno.
Cima ¿eterna? Los industrialistas, con los cuales Cristina Kirchner simpatiza abiertamente, tienen una tabla con la que asustan a todo aquel a quien se la muestran. Se trata de un gráfico, creado por la consultora Econométrica, que mide los términos del intercambio comercial entre 1909 y 2011. Tomando como base 100 el año 1970, los topes “montañosos” son: 1909, 1948, 1973 y… 2011. En otras palabras, el mejor “poder de compra” que Argentina obtuvo por sus ventas de productos primarios coincide exactamente con las bonanzas del centenario (1909), la creación de su primera industrialización y estado de bienestar (1948), el momento en que tuvo la menor tasa de pobreza de toda Latinoamérica (1973) y el actual boom de Cristina.
Ante este hecho, políticos y economistas dividen aguas. Unos, como Lamote, piensan que la macro debe ordenarse en torno a la realidad de la estructura productiva actual: “Chile es muy estable y tiene, simplificando, dos productos exportables. Los términos de intercambio para los países emergentes son buenos. Y vamos a seguir favorecidos por el cambio estructural mundial”. Otros, como Kosacoff, no lo ven viable. Para él hay que organizar la macro de forma que no impida políticas que favorezcan la aplicación de diseño e ingeniería, más tecnología de procesos, para crear una industria integrada sobre y con los complejos de materias primas ya existentes. La lectura que hace Kosacoff es que, por ello, hoy “la política económica tiene como principal desafío agregar más valor”.
Más allá de ambos argumentos, el sentido común puede aportar algo de Perogrullo: las cimas de los términos de intercambio terminaron derrumbándose siempre. ¿Por qué ahora sería diferente? De hecho, aunque los alimentos y minerales se mantengan en precios nominales altos (aunque con vaivenes bruscos como la soja, que tuvo su momento negro), esos ingresos se relativizarán si, finalmente, sectores industriales de bioingeniería, fusión nuclear, nanotecnología y alimentos sintéticos llegan a eclosionar.
Todo lo anterior es economíaficción para los encargados del presupuesto, quienes necesitan asegurar su provisión de dólares ahora mismo y no pueden esperar a un futuro esplendor. Con la balanza comercial en un leve superávit no debería haber problemas, pero los argentinos tienen una tradición: la fuga de capitales. Sea por desconfianza en la moneda, para evadir impuestos, por recuerdo de quiebras y defaults, es así. Durante este año tal salida se fue intensificando hasta que, en noviembre pasado, las autoridades impusieron controles impositivos estrictos sobre los compradores y obligaron, por ejemplo, a las empresas mineras y petroleras el liquidar los dólares de sus operaciones en el país y a las de seguros, repatriar US$ 1.600 millones. “Las medidas fueron pésimas: alientan viejos fantasmas”, se molesta Abram. “Estos controles lo único que logran es que la gente deje de consumir, ahorre más y lo ponga en activos externos”. Es cierto, la economía argentina nunca ha sido un lecho de rosas, pero posee una robustez que supera desde hace un siglo el chiste o el desprecio fácil. Hace pocos días el economista liberal Federico Sturzenegger lo recordó: en las dos décadas pasadas, pese a los colapsos, el ingreso per cápita aumentó un 80% y el PIB “creció en términos reales un 127%”. Tal vez una nueva medida de éxito sería lograr que la ruta argentina a la prosperidad tenga ahora en tantas curvas suaves el número18. O, mejor, tres números 8.
