Obama esbozó estas propuestas en su discurso del Estado de la Unión la semana pasada, donde incluyó un impuesto a la banca para financiar el plan que los republicanos rechazaron rápidamente.

Washington. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó este miércoles al Congreso a aprobar un plan para apuntalar al mercado inmobiliario, que incluye un esfuerzo de entre 5.000 millones a US$10.000 millones para ayudar a que los deudores puedan refinanciar sus hipotecas.

Obama esbozó estas propuestas en su discurso del Estado de la Unión la semana pasada, donde incluyó un impuesto a la banca para financiar el plan que los republicanos rechazaron rápidamente.

La Casa Blanca proporcionó mayores detalles este miércoles antes de un discurso de Obama para profundizar sobre su iniciativa, la que algunos republicanos criticaron como jugarreta electoral.

Cerca de 11 millones de estadounidenses se ven apesadumbrados por sus hipotecas y poseen deudas más grandes que el valor de sus casas. Otros han perdido sus casas.

"Ahora, la verdad es que tomará más tiempo del que nos gustaría para que el mercado inmobiliario se recupere de la crisis", dijo Obama en un discurso en Falls Church, Virginia. "Necesitamos hacer todo lo que esté en nuestro poder para reparar el daño", agregó.

La Casa Blanca busca contrastar la postura de Obama con la del aspirante favorito de los republicanos a la presidencia, Mitt Romney, quien ha dicho que debería permitirse un curso normal a los remates de propiedades en el país.

La próxima batalla en la carrera por la nominación republicana es en Nevada, el estado con la mayor tasa de remates de casas en los últimos cinco años.

La Casa Blanca dijo que el programa de refinanciamiento será manejado por la Administración Federal de la Vivienda, cuyas reservas en efectivo alcanzaron un mínimo histórico el año pasado al verse afectada por los ceses de pagos de las hipotecas que aseguró.

Muchos republicanos se resistirán a darle un papel mayor a la agencia, más allá de los temores a que los contribuyentes deban cargar con las pérdidas.

El programa, que necesita la aprobación del Congreso, estaría abierto a los prestatarios que hayan sido puntuales en sus pagos durante los últimos seis meses y que no tengan más que una cuota impaga.