En pos de acercar propuestas que permitan atender la inquietud e inequidad que enfrentan los pequeños comercios, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, presentó ayer ante el Parlamento un proyecto de ley para "regular y limitar la variabilidad" en los aranceles que fijan los emisores de las tarjetas de crédito.
La agitación y descontento que ha provocado en diversas gremiales de pequeños comercios el impacto que tiene en la rentabilidad de su negocio el uso cada vez más extendido de medios electrónicos de pago –como las tarjetas de débito–vuelve a reavivar el debate por los aranceles que cobran los emisores de los plásticos. El Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) alerta que el esquema actual llevará a un cierre gradual de pequeños comercios, lo que terminará repercutiendo en una "menor oferta", a posteriori, para el consumidor final.
En pos de acercar propuestas que permitan atender la inquietud e inequidad que enfrentan los pequeños comercios, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, presentó ayer ante el Parlamento un proyecto de ley para "regular y limitar la variabilidad" en los aranceles que fijan los emisores de las tarjetas de crédito.
"Lo que estamos planteando es dar una respuesta a problemas de eventual abuso de posición dominante por parte de los emisores sobre los pequeños comerciantes que de por sí, ya tienen un mercado pequeño", explicó en diálogo con El Observador.
La iniciativa legal del senador es concreta y consta solo de tres artículos. El primero establece que los "aranceles que cobran las tarjetas de crédito a los comercios y proveedores adheridos podrán ser variables, pero la diferencia entre la mayor cobrada y la menor no podrá ser superior" a 2 puntos porcentuales en cada ramo de actividad.
El artículo 2 indica que en caso que "un emisor de tarjeta de crédito acuerde con algún comercio o proveedor ventajas para sus clientes tarjetahabientes, deberá otorgar las mismas condiciones a aquellos comercios o proveedores del mismo ramo de actividad, que individualmente o agrupados, certifiquen ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, alcanzar similares montos de ventas mensuales que el comercio que acordó con el emisor". Finalmente, el artículo 3 faculta a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para velar por el cumplimiento de esa iniciativa.
Mieres dijo que su proyecto apunta a que el nivel de negociación que ha desarrollado el Ministerio de Economía (MEF) con los emisores de los plásticos sea "más exigente y equitativo" a futuro.
Preguntado sobre por qué no se incluyeron márgenes máximo en débito, el senador indicó cuando estaba procesando el proyecto hizo consultas y vio que en ese segmento no había grandes brechas entre los aranceles entre pequeños y grandes comercios (actualmente no llega a un punto porcentual, con un techo de 2% para los pequeños comercios).
También destacó la reducción en los plazos de la acreditación de las ventas de débito a 24 horas aunque dijo que lo ideal sería que la misma se haga en forma automática. La iniciativa de Mieres ya fue remitida a Cambadu y distintos centros comerciales del interior para que puedan realizar sus respectivas devoluciones.
Cambadu va más a fondo
Cambadu comparte y apoya las iniciativas legislativas que apunten a regular el funcionamiento de los aranceles de los medios de pagos electrónicas como la que promueve Mieres, aunque sugiere ir "más a fondo".
En diálogo con El Observador, el gerente general de Cambadu, Adrián Cabrera, explicó que el diferencial máximo de dos puntos porcentuales que maneja la propuesta de Mieres es "excesivo" e implicaría "una brecha de 100% o más" entre un comercio de pequeña escala y una gran superficie.
Los aranceles de las tarjetas de crédito se ubican hoy entre 4,5% y 4,9% + IVA con un período de reintegro del dinero que ronda los 20 días. En caso que la propuesta de Mieres avance, a un cliente preferencial el emisor podría dejarle un arancel piso de 2,5% a 2,9%, respectivamente.
"El tema de los aranceles claramente se está tornando un tema complejo y de preocupación para los pequeños comercios que afecta seriamente su rentabilidad", alertó Cabrera.
Añadió que hay comercios que se ven obligados a trasladar a precio la mayor carga que pagan de aranceles, pero eso lleva a "ampliar" la brecha y restar competitividad con las grandes superficies.
El funcionario comentó que la rentabilidad de un pequeño comercio luego del pago de impuestos y costos fijos ronda el 5%, contemplando que un 10% de su facturación se haga por medios electrónicos (débito y/o crédito). Pero si la ecuación actual se invierte y el 90% pasa a ser con medios electrónicos y solo 10% con dinero físico, "prácticamente toda la rentabilidad quedaría en manos de los emisores de las tarjetas", cuestionó.
Dijo que en un caso hipotético donde se elimina el efectivo y las ventas con débito y crédito se distribuyan 50% y 50%, los emisores de los plásticos se llevarían un 3,4% de arancel promedio, lo que equivale casi a un sexto de la tasa básica de 22% de IVA que recauda el Estado.
"Los aranceles en Uruguay son groseros. Que se tienen que legislar, no hay duda", aseguró. Cambadu sugiere al Poder Ejecutivo y Legislativo que fije un máximo de 1,5% para el crédito y de 0,5% para las operaciones con débito, con un gap (brecha) que no supere el medio punto porcentual para mínimo y máximo en cada caso.
La gremial que agrupa a los pequeños comercios dice que no cuestiona el avance de la inclusión financiera pero sí que el costo recaiga solo sobre una pata del negocio.
Inconstitucional
El gerente general de Cambadu dijo que la gremial considera que el artículo 64 de la ley de inclusión financiera es inconstitucional porque se le quita la libertad al comerciante la posibilidad de dar un trato preferencial al efectivo respecto a un medio electrónico de pago.
