De aplicarse la ley de retorsión a partir de este miércoles ninguna persona natural o empresa colombiana podrá partiticpar de licitaciones o contrataciones del Estado panameño.

Este martes 21 se cumple el plazo dado por el gobierno panameño para que sus pares en Colombia saquen a Panamá de la lista de paraíso fiscal o de lo contrario se aplicaría la ley de retorsión.

Todo parece indicar que luego de cuatro conversaciones telefónicas entre los mandatarios Juan Carlos Varela de Panamá y Juan Manuel Santos de Colombia, y que el viernes fracasaran las negociaciones entre las Cancilleres y ministros de Comercio de ambos países la situación no va a mejorar.

De no llegar a un acuerdo se utilizarían las normas que están establecidas en la Ley 58 aprobada del 12 de diciembre de 2002, la cual establece medidas de retorsión en casos de restricciones discriminatorias extranjeras en contra de la República de Panamá, esta ley apareció en la Gaceta Oficial del martes 17 de diciembre de ese mismo año. La misma fue firmada por Carlos Alvarado y Edwin Cabrera, presidente y secretario General del Órgano Legislativo respectivamente en esa fecha, y fue sancionada por la entonces presidenta Mireya Moscoso y el canciller Harmodio Arias Cerjack.

En su primer artículo, la legislación indica que “los países que sus leyes, reglamentos, practicas, resoluciones, fallos o sentencias discriminan en contra de cualquier persona natural o jurídico, bien, servicio,obra pública o arrendamiento valor, título o fondo procedencia panameña podrá ser sujeto a un trato reciproco o así como las medidas de retorsión específicas a las que se refiere esta ley”.

El documento también establece que puede tomar todas las acciones para impugnar las medidas que le afectan ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) o cualquier otro organismo.

Queda establecido que los ciudadanos, las instituciones, las empresas de los países a los que se les aplique la ley de retorsión no podrán participar en cualquier acto de selección de procedimiento o contratista nacional o internacional que sea convocado por una entidad pública panameña.

En la definición de la ley queda aclarado que entidad pública incluye todo el gobierno central, entidades autónomas, semi autonomas y el Canal de Panamá. En los actos públicos del gobierno panameño para participar en la selecciones debe demostrar que no pertenecen a una nación considerada como paraíso fiscal o que la empresa no este controlado mayormente por un grupo o empresa que pertenece a un país considerado en esta lista discriminatoria.

La ley también indica que le corresponderá al Consejo de Gabinete decidir si se aplica o no que acciones se pueden tomar en contra del país considerado discriminador, en este caso Colombia.

“Yo estaré teniendo una comunicación que inicia el proceso de la ley de retorsión, la ley 58 de diciembre 2002 establece un mecanismo por el cual le ofrece la oportunidad a cualquier parte interesada que aprovechando un periodo explique el por qué no debe ser incluido como un país discriminador ” dijo Melitón Arrocha, ministro de Comercio e Industrias de Panamá al salir el martes pasado del Consejo de Gabinete.

En el sector se ha pedido que se cree otra ley que diga que se de igualdad de trato, como en este caso que al ser Panamá considerado un paraíso fiscal se cobra una sobre tasa de impuesto de 33%, Panamá también debería cobrarlo.

Aunque la Ley de Retorsión permite tomar otras acciones las cuales podrían ser todas aquellas de las que se ha estado hablando durante estos últimos días como pedirle visa a los ciudadanos de ese país para entrar a Panamá, aumentar aranceles, repatriar cndenados que están en las carceles o revisar el tratado de monterias que permite a las embarcaciones de guerra de Colombia pasar sin pagar peaje en el Canal de Panamá.