El presidente Horacio Cartes fundamenta su programa económico en atraer inversión extranjera a través de esa nueva modalidad de contratos, que ya se aplica en países como Brasil y Chile.

Asunción, EFE. El Estado paraguayo aportará un máximo de un 10% de la inversión en los futuros proyectos de alianzas público-privadas para la construcción de infraestructura, informó el gobierno con motivo de la publicación del reglamento para poner en marcha esa iniciativa.

El presidente Horacio Cartes fundamenta su programa económico en atraer inversión extranjera a través de esa nueva modalidad de contratos, que ya se aplica en países como Brasil y Chile.

"Por lo menos el 90% de la financiación de cualquier obra de infraestructura tiene que venir del capital privado", explicó en una rueda de prensa el asesor jurídico de la Presidencia, Marcelo Duarte.

Con ello, el Estado limitará su compromiso financiero para esos proyectos y contará con fondos para inversiones en escuelas u otros gastos sociales que no atraigan interés privado por la falta de rentabilidad, explicó.

Según el modelo de las alianzas público-privadas, las empresas pondrán sobre la mesa capital para obras como carreteras o ampliación de aeropuertos y en compensación recibirán la concesión de su gestión durante un período de tiempo determinado.

El ministerio de Obras Públicas estima que el país tiene que invertir unos US$1.000 millones al año para subsanar su atraso en infraestructura, pero actualmente solo dedica US$200 millones.

Sindicatos y partidos de izquierda se oponen a la ley, que consideran "una privatización disfrazada". Su derogación es una de las demandas de una huelga general convocada para el próximo 26 de marzo.

Según el reglamento de la ley, que recibió el visto bueno del Congreso el año pasado, habrá dos mecanismos para la aprobación de los proyectos.

En el primer caso se trata de las iniciativas que el Estado considera prioritarias, para lo cual abrirá una licitación pública.

En el segundo caso, una empresa podrá presentar un proyecto propio al Gobierno, que evaluará su rentabilidad y su impacto para la sociedad y decidirá si lo apoya.

Si es así, también abrirá una licitación, aunque la empresa impulsora recibirá algunos puntos de ventaja sobre sus competidores.

El gobierno presentará mañana una lista de sus primeros ocho proyectos prioritarios.

Luis Añazco, miembro del equipo coordinador que elaboró el reglamento, adelantó entre las obras principales el dragado y mantenimiento del Río Paraguay, por el que sale el 80% de las exportaciones del país.

La empresa argentina IECSA ya ha propuesto encargarse de esa obras, según el gobierno.

Del mismo modo, la española Isolux Corsán ha expresado su interés, de acuerdo con el Gobierno, en invertir en la construcción de cuatro líneas de trasmisión eléctrica de alta tensión y en la ampliación de cuatro carreteras entre Asunción, Ciudad del Este y Encarnación.

Otro área prioritaria es la modernización de los aeropuertos de Paraguay, incluido el de Asunción, que requiere una inversión de más de 100 millones de dólares, según el Gobierno.

Duarte explicó que como la empresa que construye la obra será la concesionaria, esta tiene un interés en hacerla de calidad.

El reglamento establece un sistema arbitral para la resolución de controversias, un mecanismo que, según Duarte, es mejor que acudir a la Justicia paraguaya, donde los procesos "son caros, engorrosos, lentos y hay riesgo de una medida cautelar de suspensión" de la obra.

El secretario técnico de Planificación, José Molinas, dijo que el Gobierno pretende también agilizar los procesos de aprobación de proyectos con la realización de estudios de forma simultánea, en lugar de secuencialmente como ahora.

El secretario dijo que en otros países con alianzas público-privadas se tarda entre 1,5 y 2 años entre el inicio del proceso hasta el comienzo de las obras. "Nuestra meta es acelerarlo lo máximo posible", dijo.