El presidente paraguayo, Horacio Cartes, destacó en marzo al regresar de Argentina la disposición del gobierno del país vecino para superar la controvertida deuda por Yacyretá.
Representantes del gobierno de Paraguay dijeron que ese país reconoce una deuda de US$5.000 millones con Argentina por la construcción de la represa binacional Yacyretá y aclaró que no le corresponde el pago de intereses.
El jefe del gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, aseguró que se asume sólo "lo que fue el aporte argentino" para erigir la represa que son "US$5.000 millones y alguito más", citado por la prensa digital en Asunción, la capital paraguaya.
Tras comparecer junto al canciller Eladio Loizaga ante una comisión en el Senado, en Asunción, López señaló que la postura del gobierno paraguayo "fue desde un comienzo, desde que empezaron las negociaciones, el hecho de solamente aceptar los aportes efectuados por el gobierno argentino".
Por su parte, Loizaga comentó que "vamos avanzando en el tema de la deuda. Hablamos también de la cogestión, le hemos explicado cuál es la visión del gobierno, y cuáles son los puntos que el gobierno ha venido señalando desde el primer instante".
El presidente paraguayo, Horacio Cartes, destacó en marzo al regresar de Argentina la disposición del gobierno del país vecino para superar la controvertida deuda por Yacyretá.
Argentina reclama a Paraguay más de US$20.000 millones en una deuda que incluye actualizaciones e intereses.
En noviembre pasado, Paraguay logró por primera vez la cogestión administrativa de Yacyretá, prevista en el tratado de 1974, que hasta ese momento sólo gestionaba Argentina.
De esa manera, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) pasó a tener dos directores ejecutivos, uno en la margen paraguaya y otro en la de Argentina, que hasta ahora detentaba ese cargo en exclusiva.
La hidroeléctrica está ubicada sobre el limítrofe río Paraná, cerca de la ciudad paraguaya de Ayolas y de la argentina de Ituzaingó.
El tratado de Yacyretá compromete a los dos países a su revisión 40 años después de su entrada en vigor, plazo que se cumplió el 27 de marzo de 2014, para lo cual funciona una comisión bilateral especial.
