En un año netamente electoral, el gobierno prevé enfocarse en el pago de subsidios a familias y personas en situación de pobreza.

El ministro de Hacienda del Paraguay, Dionisio Borda, explicó este miércoles durante la presentación del proyecto de presupuesto 2012 que tiene dos objetivos fundamentales: primero, sentar las bases para el crecimiento económico y crear condiciones para generar más empleos; y, segundo, consolidar la estabilidad macroeconómica y fiscal, con énfasis en la reducción de la pobreza y mejorar la equidad tributaria.

“Eso es lo que permea todo el presupuesto nacional y como metas especiales tratamos en primer lugar impulsar las inversiones sociales y las asistencias sociales, dado el nivel de pobreza. Como ustedes pueden ver, aún cuando con un buen nivel de crecimiento económico, la pobreza y la indigencia no retroceden. En consecuencia, es necesario en este caso reforzar la política social”, argumentó el ministro.

De acuerdo con los datos señalados por Borda, en el denominado gastos en servicios sociales, en lo referente a la “Red de Protección Social”, incluyen 232.000 millones de guaraníes para pensión alimentaria a adultos mayores de 65 años, en situación de pobreza.

No reveló la cantidad de personas que serán beneficiadas, pero el programa administrado por Hacienda, de junio de 2010 a agosto de este año, tiene registradas a 6.292 personas. La meta para diciembre próximo es llegar a 25.000.

El programa de transferencias monetarias condicionadas (Tekoporã), administrado por la Secretaría de Acción Social (SAS), de la Presidencia de la República, prevé 419.000 millones de guaraníes para beneficiar a 219.000 hogares.

Borda, durante su rendición de cuentas el pasado martes 30, había señalado que este programa alcanza actualmente a 100.000. Según el citado informe, este año la meta era llegar a 200.000, pero que el Parlamento había decidido congelar el presupuesto de la SAS.

Según Borda, el 57,9% del total de presupuesto de la Administración Central está destinado al área social, lo que revela la política de priorizar los servicios sociales, con impacto real sobre la pobreza.